EFE
Jorge Bogarín, abogado de 10 de los 11 condenados, dijo este viernes que hasta el jueves disponen de plazo para presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema a la resolución de mayo de la Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá (este), que confirmó las condenas, dictadas el pasado año en el juicio.
“Lo que se busca es anular la sentencia de la Cámara de Apelaciones en base a la teoría de los frutos del árbol envenenado. El proceso se inició con vicios, constituyen una raíz envenenada y el producto es el árbol y los frutos, con un proceso absolutamente viciado”, dijo el abogado.
Añadió que en caso de que la Corte Suprema no “haga lugar” a esa solicitud se habrán agotado todas las vías judiciales en el país y entonces se contemplará acudir a instancias internacionales.
Once campesinos y seis policías murieron el 15 de junio de 2012 en Curuguaty (este) durante un operativo en el que centenares de agentes acudieron a desalojar a unos 70 labriegos de las tierras que habían ocupado para pedir su incorporación a la reforma agraria. En julio del pasado año, el tribunal de Asunción a cargo del caso condenó a penas de entre 4 y 30 años de cárcel a 11 campesinos acusados.
Y a finales de mayo, la Cámara de Apelaciones de Salto del Guairá (este de Paraguay) confirmó las condenas al decidir no hacer lugar al recurso de apelación de la defensa.
La causa se refirió a las muertes de seis policías durante la masacre ya que el juicio solo resolvió sobre el fallecimiento de los agentes, mientras que la Fiscalía nunca investigó las muertes de once campesinos durante la masacre.
En ese sentido, Bogarín explicó que el Ministerio Fiscal no ha profundizado en la investigación de la muerte de esos labriegos y añadió que ello es una “asignatura pendiente del Estado”.
Agregó además que la sentencia del juicio “no contribuye en nada a que la ciudadanía paraguaya y el mundo tengan la certeza de lo que pasó ya que la sentencia está llena de dudas”.
La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución de Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
