EFE
La llamada “Ley de iniciativa conjunta” ha sido frecuentemente aplicada para juzgar delitos cometidos por bandas y se ha esgrimido para declarar culpables de asesinato a imputados que no infligieron de manera directa la acción de matar.
De esta manera, en las últimas tres décadas se ha sentenciado por agresiones o asesinatos a personas que simplemente “vieron venir” que otra iba a cometer un acto violento o que “alentaron” a otro individuo a perpetrar un delito.
No obstante, el veredicto del Tribunal Supremo -máxima autoridad judicial del Reino Unido- considera que es un error tratar los “presagios” de sospechosos como prueba suficiente para condenar a alguien por asesinato.
El dictamen señala que los fiscales, jueces y jurados de este país deben adoptar a partir de ahora enfoques diferentes a la hora de juzgar a este tipo de acusados.
Un panel de cinco jueces llegó a esa conclusión tras analizar el pasado octubre la aplicación de esa controvertida legislación en relación con el caso de un hombre condenado por asesinato después de haber “alentado” a un amigo a que apuñalara a un exagente de policía.
Ambos detenidos, de entre 20 y 30 años, fueron sentenciados a cadena perpetua por la Corte de Magistrados de Nottingham (centro de Inglaterra) en marzo de 2012.
En ese caso concreto, Mohammed Hirsi apuñaló al expolicía Paul Fyfe en un domicilio de Leicester, provocando su muerte en junio de 2011, después de haber sido “alentado” por Ameen Jogee, que recibió prácticamente la misma condena.
El Tribunal Supremo ha aceptado ahora el recurso de apelación presentado por Jogee contra esa sentencia, si bien deberá permanecer en prisión mientras los abogados deciden si debería volver a ser juzgado.
