Las emergencias, sean declaradas por ley, decreto, resolución o simplemente por lo acuciante de la situación, reflejan un problema grave de gestión, sobre todo cuando ninguna de ellas es producto de un evento imprevisto.
Algunas de las razones que impulsaron la consideración de alerta o emergencia tuvieron sus inicios en gestiones anteriores y se agravaron con el tiempo o fueron asumidas como tales solo después de la indignación pública o la pérdida de vidas humanas.
Empeora el escenario si se considera que instituciones públicas como la Contraloría General de la República y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ya habían emitido informes que alertaban de situaciones específicas, como el despilfarro del dinero público en las municipalidades por la construcción de aulas escolares, el hacinamiento y los riesgos en el sistema penitenciario y en las constantes violaciones de las leyes de la Senad.
¿Era necesario que se perdieran vidas humanas para que las autoridades políticas y los técnicos se movilicen?
Una situación similar ocurrió con el caso del Pilcomayo. Se puede discutir la gravedad o no de la situación ambiental. Lo que es indiscutible es la evidencia de que una comisión creada solo para este problema ejecutó recursos públicos, incluyendo sueldos, de manera totalmente ineficiente y además dejó que el problema se agravara.
Después de tres años de estar en el gobierno, ninguna de las alertas o emergencias se fundamenta en urgencias inmanejables, sino más bien en la falta de compromiso de técnicos y autoridades que no supieron gestionar los problemas y se les fueron de las manos.
La situación empeora si consideramos las soluciones previstas. Si en su momento no funcionaron los mecanismos que debieran haber alertado de la situación y garantizado acciones a tiempo, el riesgo de que con una declaración de emergencia formal se dilapiden recursos se suma a la ineficacia anterior.
La declaración de emergencia por ley flexibiliza los procesos de contrataciones. Ya podría imaginarse lo que puede pasar con recursos públicos, por ejemplo en el caso de la emergencia educativa, si existiendo mecanismos de control para las contrataciones de construcción de aulas y de transparencia en la gestión se cayeron los techos. Si cuando existían mecanismos una gran cantidad de fondos fueron dilapidados, qué podría pasar sin esos mecanismos y con el agravante del tempranero inicio del proceso eleccionario.
Si el Gobierno no quiere continuar de emergencia en emergencia, debe considerar rápidamente una evaluación de la gestión de todo su plantel de confianza y realizar los cambios necesarios.
