Fue un trágico y lamentable accidente, pero un accidente causado por la negligencia y la irresponsabilidad criminal de quienes precisamente deberían ser un ejemplo de profesionalismo, disciplina y alta preparación en el manejo de operaciones de riesgo.
El hundimiento de una lancha de la Armada en las aguas del río Paraguay, en la bahía de Asunción, en la madrugada del miércoles, con un saldo de cinco marinos ahogados, fue el triste corolario de la precariedad en que se siguen manejando las Fuerzas Armadas del Paraguay, arrastrando las deficiencias heredadas de su sometimiento a largos años de dictadura, y que aún, casi 25 años después, no han sido capaces de profesionalizarse y actualizarse, para ocupar el rol que un Estado moderno y democrático les exige.
El modo tan patético o kachiãi con que se encaró el simple cruce de las aguas de la bahía, sobrecargando con 14 pasajeros una frágil lancha deslizadora que era para un máximo de 8 pasajeros, sin que varios de ellos llevaran los obligatorios chalecos salvavidas que la propia Prefectura Naval exige como protocolo de navegación, se parecía más bien a una excursión pueblerina de adolescentes irresponsables, antes que una expedición institucional de un arma del Ejército, que conducía a sus conscriptos a una sesión de adiestramiento en prácticas de tiro.
El lamentable episodio no está desligado de un contexto más amplio, en el que la cuestión militar sigue con varias deudas pendientes con la sociedad, de las cuales la propia clase política es responsable, al no abordar el problema, desde la necesidad de reglamentar, o suprimir definitivamente, el obsoleto e ineficaz servicio militar obligatorio (SMO), que está en la Constitución, pero ya casi nadie cumple, desde que un informe de la Asociación de Familiares de Víctimas del Servicio Militar (Afavisem) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) demostró que, desde la caída de la dictadura, más de 120 jóvenes murieron en los cuarteles, en su mayoría víctimas de maltratos o negligencia. Ahora habrá que agregar cinco nombres más.
Pero el otro rostro del problema, que no es abordado por los gobernantes y la clase política es el de la participación de los militares en las vergonzosas prácticas de corrupción, especialmente el contrabando.
Quienes deberían ser los celosos custodios de las fronteras y de la soberanía territorial aparecen casi siempre –en todas las investigaciones periodísticas– como los que protegen y permiten el paso ilegal, a través de los ríos y las fronteras secas, desde los países vecinos, de combustible, mercaderías, y en algunos casos incluso drogas y armas.
¿Llegará el día en que el Paraguay tendrá unas Fuerzas Armadas de las cuales sentirnos orgullosos?
