En Brasil, la ley permite que las mujeres pueden jubilarse con 30 años de cotización, y los hombres con 35, pero el Gobierno conservador del presidente Michel Temer estudia aumentar la edad mínima de jubilación hasta los 65 para contener el agujero en la hucha de las pensiones.
“En la década de los 60 la expectativa de vida era de 53 años, ahora es de 70. Ha aumentado la expectativa de vida de la clase media y el sistema de pensiones, de esa forma, no es viable”, dijo a Efe Istvan Kasznar, profesor de la Fundación Getulio Vargas (FGV).
Ante la sangría de las cuentas públicas, el Ejecutivo de Temer ha abanderado la decisión de modificar las reglas, pero todavía no ha escrito el borrador de la que probablemente será una de las reformas más polémicas de los últimos años.
Los expertos coinciden en que el actual sistema cuenta con “fallas” que necesitan de una profunda revisión para aflojar la cuerda que amenaza con acabar de estrangular el cofre público del mayor país de América Latina.
Para Kasznar, una de las principales “distorsiones” del sistema es la diferencia entre las jubilaciones de los funcionarios públicos -cuya contribución es mayor- y los trabajadores del sector privado, que pueden recibir una jubilación máxima de cerca de 5.200 reales (unos 1.625 dólares).
En contrapartida, un funcionario del poder Judicial recibe de media un beneficio de 25.700 reales (unos 8.030 dólares), mientras que uno del Legislativo más de 28.000 reales (alrededor de 8.750 dólares).
“Hay una desigualdad entre las reglas que existen para los trabajadores del sector privado y los del público. Además hay una serie de regímenes especiales para parlamentarios, profesores y militares, entre otros, que pueden retirarse muy temprano y con valores muy altos”, recalcó Luís Eduardo Afonso, profesor de la Universidad de Sao Paulo (USP).
En ese sentido, Kasznar subrayó que en un país como Brasil, “sin guerras, sin amenazas terroristas, ni graves conflictos diplomáticos”, los militares, por ejemplo, “no tendrían porque jubilarse tan temprano”, con 30 años de contribución para los hombres y 25 para las mujeres.
“En el mundo de los privilegios, Brasil se acostumbró muy mal. Hay nepotismo”, aseguró el académico, en referencia a los beneficios adquiridos por los familiares de algunos funcionarios públicos.
Citó el caso de hijas de militares fallecidos, muchas de las cuales decidieron no casarse en el papel para recibir una pensión vitalicia a cambio de una pequeña cotización extra que había sido realizada por sus padres en vida.
Este beneficio vitalicio fue eliminado en el año 2000, pero se mantiene para aquellas personas que estaban en las Fuerzas Armadas antes de ese año y pagan un 1,5 % más de contribución.
Otro de los desequilibrios, según los economistas, se produce en el mundo rural, donde los trabajadores del campo pueden recibir pensión por jubilación -equivalente a un salario mínimo de 275 dólares- sin necesidad de haber contribuido un solo céntimo a lo largo de su vida.
Ese caso, según el profesor Luís Eduardo Afonso, demuestra que el sistema de pensiones brasileño tiene “características asistenciales”, ya que “algunos beneficios tienes requisitos de contribución bastante reducidos, como las jubilaciones por tiempo de edad”, a la que se acogen algunos trabajadores (60 años para mujeres y 65 para hombres).
“Hay una fragilidad tremenda en la estructuración del sistema de pensiones y eso supone una inestabilidad para las finanzas públicas”, recalcó el profesor de la FGV.
El gasto con el sistema de pensiones ha crecido un 5,8 por ciento por encima de la inflación en los últimos diez años y representa el 39 por ciento del gasto primario del Gobierno federal, según datos de analistas.
Consume el 11 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Brasil y en los próximos 30 años podrá alcanzar más del 20 por ciento, de acuerdo con Paulo Tafner, economista del Instituto Millenium.
Para los expertos, Brasil necesita hacer frente a la reforma del sistema de pensiones, una ardua tarea que la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en agosto, intentó abordar sin éxito, ante la resistencia de su propio partido.
Su sucesor, Michel Temer, tiene ahora por delante la quimera de llegar a un consenso que permita modificar algunos de los puntos claves del actual sistema, en el que los políticos son algunos de los principales beneficiarios.
Los parlamentarios, incluidos los concejales -más de 57.000 en Brasil-, tienen derecho a una pensión después de ocho años de mandato.
Alba Santandreu
