Eran alrededor de las 9.00 y dos niños –o adolescentes– indígenas dormían uno frente al otro, entrelazados por la mugre, en el umbral de la puerta de un salón comercial. Habían pasado las 16.00 y todavía seguían ahí, tirados en el mismo lugar y en la misma posición, entregados al sueño que les concede –quizá– el chespi, lejos de sentir hambre, angustia o soledad.
Eso pasaba el lunes. Hace meses están en el microcentro de Asunción y siguen estando hoy. Pasan a ser el reflejo del drama de los niños y adolescentes en calle que ha desbordado a entidades administrativas del Estado.
Mientras las Consejerías por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Codeni) y la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) se ven superadas en su capacidad de acción, los operadores de justicia poco o nada hacen por preservar los derechos vulnerados de un sinnúmero de menores que sobreviven como despojos en la vía pública.
La cobertura de la Policía Nacional, que cuenta con un protocolo de intervención, resulta estéril ante la oposición de los defensores públicos, cuyo argumento se basa en “no querer judicializar la pobreza”.
Dicho mecanismo especial está vigente desde el 21 de julio de 2017, mediante la Resolución 665. Pero no se activó como tal debido a la incorrespondencia de los encargados de velar por la protección de la niñez y la adolescencia.
“Se va a aplicar ese protocolo en todos sus términos, toda vez que nos acompañen todas las otras instituciones”, expone el comisario Luis Cantero, jefe del Departamento de Orden y Seguridad de la Policía.
Sustenta su opinión en el conocimiento de que la unidad policial no es lugar para un menor en situación de calle.
Cantero es consciente de que la problemática desborda a las instituciones. “Les llevan a los albergues y ellos se escapan”, señala sobre los operativos de rescate efectuados por la SNNA.
“Trasladarle a un menor de 11 o 12 años a la comisaría medio de riesgo es para nosotros –recalca–. Hay varios menores en situación de calle, y para eso está la Codeni; para ver en qué situación están y dónde se los va a trasladar”.
"¿Cuál es el motivo para que le traslade a una comisaría?, no es su lugar la unidad policial. Para hacer estos procedimientos tienen que acompañar la Secretaría de la Niñez y la Codeni”, cuestiona lo que estipula el protocolo (ver info).
CAPACITACIÓN. La abogada Diana Vargas, quien participó en la elaboración del procedimiento en cuestión, lamenta que la Comandancia de la Policía no haya aceptado la capacitación del personal. “El hecho de que estén en la calle y no sepan cómo intervenir no resuelve el problema o no resuelve una buena actuación de la Policía”, afirma.
Vargas hasta el año pasado fue comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y comenta que existe un discurso de parte de los operadores de justicia que señala que los niños en calle hacen parte a un drama social, “entonces no hay que intervenir”.
“Claro que las causas profundas son estructurales, pero cuando tenemos un caso de un niño expuesto al consumo, explotado por gente adulta, su vida y su integridad están en peligro”, sopesa Vargas y entiende que es en la derivación con las demás instituciones de protección –Codeni y Defensoría de la Niñez– donde los casos se diluyen. “Ahí es donde empieza a hacer agua el sistema”, critica, y termina la Policía “haciendo un trabajo social”, ajeno a sus tareas y desalentando su necesaria intervención.
Trasladar a menores en una patrullera a una comisaría, porque estaba nomás en la calle, es riesgoso. Crio. Luis Cantero, jefe policial.
Si en calle (la Policía) ve la vulneración de derechos debe intervenir y activar el circuito con las demás instituciones. Diana Vargas, abogada.