En más de tres horas de sesión, el Consejo Permanente de la OEA no llegó a ningún acuerdo ni de contenido ni de procedimiento sobre cómo reforzar a su Comisión y a su Corte de Derechos Humanos, que arrastran una deficiencia financiera crónica.
El presidente de la Comisión, James Cavallaro, y su homólogo de la CorteIDH, Roberto F. Caldas, expusieron ante los embajadores de los 34 países miembros su propuesta conjunta para que el presupuesto anual del sistema de derechos humanos sea de 18,2 dólares anuales, 11,2 para la Comisión y 6,9 para la Corte.
Actualmente, el reparto es de 4,9 millones para la CIDH y 2,6 para la Corte, el 6 % y el 3 % del fondo regular de la OEA, respectivamente, aunque ambas sobreviven gracias a las aportaciones voluntarias, y por tanto inciertas, que recaban entre países de dentro y fuera del sistema y varias entidades.
La delegación de México, por su parte, presentó un proyecto de resolución para duplicar la partida presupuestaria anual que la OEA destina a sus órganos de derechos humanos “en un plazo máximo de dos años”.
En el presupuesto de 2017, que se aprobará en la Asamblea General el 31 de octubre, esto supondría 4,195 millones más que se distribuirían según las cuotas con las que cada país contribuye a la organización.
Así, México propone que la OEA destine 4,5 millones a la Corte y 8 a la CIDH, frente a los 2,7 y 5,6 que están programados para el presupuesto del año que viene.
La delegación de Argentina presentó una nota sobre la propuesta mexicana para que se duplique la financiación de los órganos de derechos humanos pero no con nuevos fondos, sino “reasignando recursos provenientes del Fondo Regular (el presupuesto) en la siguiente proporción: 57 % para la Comisión y 43 % para la Corte conforme fuera sugerido por dichos órganos”.
El representante alterno de Argentina Julio César Ayala explicó que su propuesta quiere abordar “lo inmediato” y se mostró abierto a continuar el debate sobre la propuesta mexicana y otras más adelante.
El embajador de México en la OEA, Luis Alfonso de Alba Góngora, también se mostró dispuesto a continuar el debate en el seno del Consejo o en la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios -como propusieron otros países-, aunque mostró su preferencia por lo primero al subrayar que es un asunto “político”.
La sesión del Consejo se cerró sin tomar ninguna decisión ni sobre el fondo del asunto ni sobre la instancia donde se abordarán estas propuestas a menos de dos semanas de que se apruebe el presupuesto, pese a que la mayoría de países coincidieron en la necesidad de reforzar los órganos de derechos humanos.
“Ahora falta ponerse de acuerdo sobre el cómo”, resumió el embajador de Uruguay, Hugo Cayrus Maurin.
Por su parte, el embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, se mostró contrario a aumentar el presupuesto de derechos humanos porque en el Caribe tienen “problemas más urgentes” y el “desarrollo pide a gritos más fondos”.
“Ahora la pelota está en la cancha de los Estados. El 31 de octubre votan el presupuesto 2017 para OEA y SIDH (Sistema Interamericano de Derechos Humanos)”, concluyó la Comisión en sus comentarios de la sesión en su cuenta de la red social Twitter.
