Lo interesante de las luchas sociales y de las confrontaciones políticas que de ellas resultan es que lo imprevisible siempre se hace carne. La toma del colegio República Argentina por los chicos del secundario exigiendo la renuncia de la ministra de Educación, Marta Lafuente, por corrupción y el estado desastroso de la educación y sus instituciones físicas, es un ejemplo. Lo que pintaba ser una caprichosa rabieta –como venía la propia repudiada tratando a los estudiantes– ahora se convierte en una suerte de causa nacional. Y si bien las reivindicaciones son las mismas que enarbolan los secundarios desde hace 2 años, estas no fueron las detonantes, sino la indignación ante la respuesta zafada y violenta del Gobierno y el Estado con sus instituciones y aparato represivos ante la sencilla ocupación de un par de aulas de colegio por adolescentes.
Que el gobierno de Horacio Cartes es incapaz de manejar alguna crisis, no es novedad. Esta no fue la excepción, pero posiblemente sea la peor administrada, hasta el momento. Empezando por el desprecio que Lafuente sigue manifestando hacia los estudiantes, más su arrogancia de aferrarse al cargo, cuando incluso el Parlamento la llama a interpelación con riesgo de voto de censura; hasta el desinterés del Gobierno materializado en el deplorable sistema educativo y sus edificios, consecuencia de la corrupción, la desidia y la inoperancia.
El hecho de usar el gastado recurso de las mesas de diálogo y tratar a la vez a los secundarios como rebeldes sin causa, es apenas parte del desatinado estupro oficial contra reclamos tan justos como que la educación es derecho de todos y debe cumplirse.
El diálogo en estos tiempos y en manos de estas autoridades es falsedad e hipocresía. No resulta. Lo que resta es obligarles a cumplir lo que las leyes dictan y la población requiere. En ese sentido, la presencia de iniciativas privadas como Juntos por la Educación es una contaminación y una injerencia no recomendadas. Carecen de representatividad y por tanto de legitimidad para ser interlocutores válidos en estos escenarios de conflicto. El debate es entre las organizaciones genuinas de sectores y el Gobierno.
Esta crisis buscará ser desactivada por diversos actores e instituciones oficiales y no oficiales conservadores que desean que nada cambie para mantener sus privilegios. Que la educación pública sucumba interesa a algunos sectores del país que buscan lucrar con ello. En nada de esto hay secreto alguno.
Las tomas de colegios deben extenderse a lo largo y ancho del país y luego ganar las calles. Los estudiantes chilenos mostraron no hace mucho que ese es el camino. No hay que temer a las autoridades, no están allí para eso, aunque lo intenten. Están para cumplir el mandato de la gente; y si no lo hacen, deben irse...
