08 nov. 2025

La Justicia argentina procesa a diputada oficialista por lavado de dinero

La Justicia argentina decretó este lunes el procesamiento de la diputada oficialista Aída Ayala, sobre la que ya pesaba una orden de prisión provisional y cuyo desafuero debe ser votado por el Congreso de la Nación, según confirmaron a Efe fuentes judiciales.

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La diputada nacional Aída Ayala (Adrián Escandar). Foto: Clarín

EFE

La jueza federal Zunilda Niremperger dispuso también un embargo de los bienes de Ayala y del resto de procesados, y acusó a la actual diputada de supuestas maniobras irregulares para beneficiar a una empresa (Pimp SA) con contratos de recolección de residuos cuando ésta ejercía como intendenta de Resistencia, la capital de la provincia de Chaco, en el norte argentino.

La magistrada ya había pedido hace un mes el desafuero de la diputada, que hoy tenía previsto presentarse ante la Justicia para solicitar la exención de prisión, aunque no pudo acudir al haber sido ingresada esta misma madrugada por un cuadro de neumonía, explicaron fuentes cercanas a la legisladora.

Con el pedido de prisión, la titular del juzgado federal de Resistencia siguió el planteamiento del fiscal, quien pidió la encarcelación preventiva porque la imputada podía entorpecer la causa por sus contactos de la época en que gobernaba la ciudad.

La jueza también procesó con prisión provisional y decretó embargos sobre el líder del Sindicato de Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez, entre otros.

En su escrito, Zunilda Niremperger apuntó al delito de lavado de activos “agravado por su habitualidad”, y señaló a la diputada Aída Ayala, perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR), miembro del frente gobernante Cambiemos, como “miembro de una banda, en calidad de coautor”.

La política también es investigada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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