La Fiscalía había solicitado el pago en diez años de 11.000 millones de reales (3.384 millones de dólares), equivalente al 5,8% de la facturación obtenida por el grupo en 2016, pero la defensa de J&F tan solo ofreció 1.000 millones de reales (307 millones de dólares). A diferencia de un acuerdo de “delación premiada”, que se refiere a un pacto entre la Justicia y un imputado a título personal, el acuerdo de lenidad se alcanza entre las autoridades y una empresa que decide colaborar con las investigaciones.
Para alcanzar este tipo de acuerdo es preciso que la empresa reconozca su participación en actos ilícitos, pague por los prejuicios causados y colabore con la investigación.
El acuerdo de lenidad entre J&F y la Fiscalía fracasó, al menos de momento, pero los dueños del grupo, los hermanos Joesley y Wesley Batista, ya confesaron ante la Justicia los detalles de la trama a cambio de rebajas en sus posibles condenas. La delación realizada por los Batista ha salpicado a 1.800 políticos de todo el arco partidario y ha puesto contra las cuerdas al presidente Michel Temer, quien se encuentra en el poder desde la destitución de Dilma Rousseff, el 31 de agosto.
Joesley desmenuzó los supuestos sobornos ofrecidos al presidente y entregó a las autoridades una grabación en la que, según la Fiscalía, Temer le dio el aval para comprar el silencio de un diputado preso por corrupción.
Acorralados por denuncias, los hermanos Batista planificaron su jugada: se anticiparon a un posible pedido de prisión, buscaron a las autoridades por cuenta propia y les entregaron la lista de políticos a los que entregaron coimas durante años. EFE