El 13 de octubre de 2017, el presidente Horacio Cartes posaba sonriente con un grupo de obreros con cascos en la inauguración de la nueva planta electrointensiva Archer, en Nueva Colombia.
La industria, instalada por el Grupo Sigbras, del Brasil, era presentada como una gran conquista del plan gubernamental para atraer inversiones al país (“usen y abusen del Paraguay”, había invitado el mandatario a los ejecutivos brasileños), ya que estaba ligada a la multinacional Saint-Gobain, la mayor productora de carburo de silicio en el mundo, material semiconductor con múltiples aplicaciones. La inversión en el país era de 15 millones de dólares y prometía 120 puestos laborales directos y 200 empleos indirectos. Los pobladores quedaron contentos por “el desarrollo” que por fin llegaba a una aislada región.
A pocos días de que la fábrica empiece a trabajar, el aire empezó a pudrirse. En toda esa verde región de la Cordillera, donde la brisa siempre era fresca y agradable, el ambiente empezó a oler “a osamenta, a letrina destapada”, según reclamaban los vecinos, que ya ni siquiera podían disfrutar de sus cotidianas comidas sin sentir náuseas.
Algunas mascotas y animales de granja empezaron a morir sin motivo aparente. Las personas se quejaban de malestares y dolores de cabeza. El aire podrido se extendía no solo por Nueva Colombia, sino también afectaba a localidades vecinas, como Loma Grande, Altos, Emboscada y hasta San Bernardino.
Los pobladores empezaron a reclamar y a movilizarse. Redactaron notas, juntaron firmas, cerraron calles y rutas, pero muchas autoridades les decían que eran unos exagerados, que todos iban a perder si se oponían al progreso y al desarrollo, pues se cerraría una valiosa fuente de trabajo.
“Vayan a ver... y a oler”, les decían ellos. Algunos senadores fueron... y casi vomitaron. Un experto explicó que eran los gases tóxicos de hidrógeno de sulfuro, dióxido de azufre y monóxido de carbón que despedían los hornos de la fábrica, durante la producción del silicio.
Los directivos de la planta Archer negaron que tenga efectos contaminantes, hasta que un poblador de ascendencia alemana, Andreas Pfeiffer, trajo un costoso equipo medidor de gases y demostró lo que había en el aire: veneno puro.
Esta semana, tras una larga y burocrática intervención, la Secretaría del Ambiente (Seam) ordenó que los hornos de la planta Archer suspendan su funcionamiento, hasta que se adecuen totalmente a no contaminar el ambiente. ¿Será posible lograrlo?
Ahora hay una costosa fábrica parada, muchos empleos perdidos o en riesgo, pero los pobladores prefieren volver a sufrir los años de aislamiento y olvido, antes que volver a perder lo que tienen de más preciado: el aire puro y transparente, la salud que brinda el verde de la cordillera. Es una victoria que han logrado con unidad, movilización y protesta ciudadana.