Producción: An Morínigo
“Si tenés un familiar desaparecido durante la dictadura stronista, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo”. Esta apelación aparece en los materiales audiovisuales preparados por Jajoheka jajotopa, una campaña nacida en 2015 y generada con el objetivo de crear un banco de datos genéticos que permita identificar a los desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Uno de los impulsores de este emprendimiento es Rogelio Goiburú, hijo del desaparecido Agustín Goiburú, y alguien que puede contar en primera persona los sufrimientos que padecieron las víctimas y sus familiares durante la larga noche de una época infame. Porque él también sintió en su carne y en su sangre la barbarie stronista, cuando apenas estaba dejando de ser un niño.
Rogelio fue detenido en Paraná, Argentina, en 1976, por militares argentinos. Su padre, Agustín, a quien el régimen de Stroessner quería atrapar, se ofreció en canje por él. Rogelio fue puesto en libertad sin necesidad de que su padre lo reemplazara en su cautiverio. Pero este, al año siguiente, fue secuestrado en Argentina por agentes de ambos países, en el marco del Operativo Cóndor, y trasladado al Paraguay, donde fue torturado y asesinado, dicen, en presencia del propio dictador y otros generales. Su cuerpo, hasta el momento, no fue encontrado.
Búsqueda incansable
Desde hace 12 años Goiburú se dedica a la investigación sobre los desaparecidos, tarea que comenzó en la Comisión de Verdad y Justicia y que continúa hoy desde el Departamento de Registro, Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas durante la Dictadura, dependiente del Ministerio de Justicia.
Rogelio todavía no encontró los restos de su padre, pero sigue comprometido y dirige la campaña nacional Jajoheka jajotopa para la identificación de personas desaparecidas durante la dictadura, conjuntamente con la articulación de familiares y organizaciones de Derechos Humanos.
“La campaña pretende convocar a familiares de desaparecidos para que donen una muestra de sangre, que consiste en extraer una gotita de uno de los dedos y depositarla en una tarjeta FTA (Flinders Technology Associates), donde se conserva. Después irá al laboratorio para obtener el perfil genético”, explica Goiburú.
Las tarjetas FTA son de papel de celulosa a base de algodón y contienen sustancias químicas que queman las células, desnaturalizan las proteínas y protegen el ADN, lo que deja las muestras aptas para identificación molecular. “Eso se hace con el propósito de comparar con las muestras óseas que tenemos, que también fueron objeto de estudio en los laboratorios y de las que se extrajo también el perfil genético. Comparando ambas, la de la sangre del familiar y la del hueso, y teniendo también como referencia el perfil poblacional genético, se llega a una identificación prácticamente del 100%, o el 99,99%, como dicen los genetistas”, agrega el luchador.
Gracias a la tarea de búsqueda de Goiburú, hasta el momento son 36 los esqueletos humanos recuperados. De ellos, 24 tienen perfiles; de estos, cuatro ya están identificados. Del resto, algunos tienen perfiles completos y otros no. Pero se seguirá intentando llegar a perfiles completos para tener mayores chances de identificación.
Los cuatro desaparecidos identificados son los paraguayos Miguel Ángel Soler y Cástulo Vera Báez, el argentino José Agustín Potenza y la italiana Rafaella Filipazzi. Los dos últimos fueron secuestrados en Montevideo, Uruguay; Vera Báez en Puerto Iguazú, Argentina, y Soler en Asunción, Paraguay. Sus restos fueron hallados en la Agrupación Especializada de la Policía.
Recolectar sangre de los familiares otorga la posibilidad de identificar los huesos que ya tienen perfiles completos. Pero también para que, a medida que se vayan recuperando restos óseos de eventuales víctimas, se pueda identificarlas, porque los perfiles ya quedan guardados para su utilización posterior.
Son muchos más
Hasta ahora son 300 las muestras obtenidas, pero como se necesitan entre dos, tres y cuatro según la cercanía —la consanguinidad— con el desaparecido, se debería colectar por lo menos 1.200 para tener más chance de identificación, porque los desaparecidos en nuestro país son mucho más de 500, probablemente lleguen a miles.
“Con el tiempo se seguirá investigando, pero teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido en estos años de búsqueda e investigación, creemos que en Paraguay hay muchísimos más de lo que la gente cree y piensa”, agrega Goiburú.
La mayoría son desaparecidos políticos, pero hay otros, como los miembros de los pueblos originarios —que no militaban políticamente en ninguna fracción opositora—, que también fueron objeto de desapariciones forzadas porque no permitían que sus bosques fueran invadidos, talados sus árboles y destruido los hábitats de los animales que cazaban para alimentarse.
“Ingresando y haciendo desaparecer a sus líderes, lograron su objetivo. Sin embargo, la cantidad de indígenas desaparecidos se desconoce. Diversas parcialidades han denunciado ante la Comisión de Verdad y Justicia que se llevaban a 20, a 30 de sus hermanos, pero el número exacto, con nombres y apellidos, no sabemos. Y va a ser muy difícil identificarlos porque no tenían cédula, un nombre y un apellido en el Registro Civil”, relata Goiburú.
Las víctimas indígenas no son las únicas difíciles de cuantificar. Se habla muy poco de las niñas que morían en las orgías de Stroessner y sus jerarcas, las fiestas para depravados organizadas por Leopoldo Popol Perrier. “Algunas padecían de enfermedades y no las podían hacer tratar. Es lo que refieren las sobrevivientes, las que se hicieron amigas de otras chicas de su edad y después ya no las vieron nunca más; y tampoco regresaron a sus casas”, cuenta el investigador.
También hay algunas denuncias de conscriptos que murieron en servicio, soldados que fallecieron en fortines y cuarteles ubicados en el norte del país, adonde a algunos se los enviaba por ser hijos de opositores. “Tenemos pendiente eso, ir a buscarlos lejos de acá, a 770 u 800 kilómetros de Asunción”, afirma Goiburú.
La lista tampoco incluye a los soldados que murieron en el golpe de 1989, los que según Goiburú también deberían ser registrados por el Estado. El activista sostiene que corresponde al Parlamento y al Poder Judicial “abrir una puerta para investigar eso”, pues hay denuncias de que los jefes militares ocultaron las cifras y los datos sobre las muertes, y además acordaron con los familiares alguna suerte de compensación económica para que no hicieran la denuncia correspondiente.
“No sería raro que el día de mañana sigamos recibiendo más denuncias y lleguemos a la cuenta de que son más de mil los desaparecidos. Ese dato es importante; es legítimo querer saber cuántos son exactamente. Lamentablemente, nunca vamos a tener un número exacto, redondo, sino uno aproximado”, lamenta Goiburú.
Dónde están
Las desapariciones empezaron en 1956, aproximadamente, y se extendieron hasta un poco antes del golpe del 89. Hubo casos de denuncias, aunque sin comprobar su veracidad, incluso en 1988. Pero los picos más altos se dieron en 1960, con la represión al Movimiento 14 de Mayo, y a mediados de los 70, con la persecución a las Ligas Agrarias Campesinas y la Pascua Dolorosa, en 1976.
Los sitios que usaron los represores para deshacerse de los cadáveres fueron varios, pero uno de los preferidos era la Guardia de Seguridad, donde hallaron 15 cuerpos. Probablemente, también enterraron a sus víctimas en el RI 14, y en el predio del Ejército de Villarrica, al mando del general Otelo Carpinelli.
Son los sitios considerados oficiales, pero es probable que algunos estén enterrados en la parte posterior del Comando de Ingeniería. “Hay testimonios de que hacían trincheras a la tarde, y a la mañana siguiente aparecían tapadas. A la noche, entre una cosa y la otra, camiones del Ejército iban a ese lugar. Así que no sería raro que encontremos cuerpos allí”, refiere Goiburú.
“Pero en realidad, lugares para excavar hay en todo el territorio paraguayo, en cada departamento. Estamos investigando en Itapúa, Misiones, Caazapá, Caaguazú, Alto Paraná, Cordillera, San Pedro, en el Chaco. Prácticamente en todos los lugares. En el Chaco hay cementerios clandestinos en propiedades particulares, en estancias de militares colaboradores del régimen”, detalla.
¿Quiénes fueron los uniformados que participaron activamente en la represión y desaparición de personas? Goiburú señala a los principales jerarcas militares del régimen y asegura que todo el primer anillo de Stroessner estaba involucrado, como los generales Alejandro Fretes Dávalos, quien era el jefe del Plan Cóndor en Paraguay, y Alcibiades Brítez Borges, comandante de la Policía.
El activista incluye entre los responsables de las desapariciones forzadas a los generales Benito Guanes Serrano, jefe de Inteligencia del Ejército; Juan Ramón Escobar, jefe de la Agrupación Especializada; su hijo y sucesor, Galo Leongino Escobar, y otros como Guillermo Clebsch y Gerardo Johanssen.
Sistemático
Para Norma Acosta, de la Cooordinadora de Luchadores y Víctimas de la Dictadura (Codelucha), la represión stronista no fue un asunto ideológico, pues la finalidad era solamente el robo impune y descarado de parte de los jerarcas del régimen. “Eran simplemente asesinos y ladrones”, sostiene.
Goiburú, a su vez, considera que los asesinatos, torturas y desapariciones fueron sistemáticos y que no obedecían solamente al odio del régimen hacia tal o cual persona, sino que fueron pensados para inducir a la población al miedo. El centro de formación de quienes llevarían adelante esa política estaba en la Escuela de las Américas que Estados Unidos poseía en Panamá, verdadero instituto de formación de dictadores.
Pero algo ha cambiado en la sociedad paraguaya. Para Carmen González, de la Dirección de Reparación y Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, en esta batalla es muy importante la participación de la sociedad civil, que está colaborando con el esfuerzo oficial para llevar adelante la campaña.
También es indispensable el aporte de expolicías y exmilitares que fueron testigos, participaron en las ejecuciones extrajudiciales y saben dónde se encuentran los restos de las víctimas. “Si pudimos llegar hasta los lugares en donde enterraron los cuerpos, fue gracias al testimonio de 34 exuniformados”, resalta Goiburú.
Darle un nombre, un rostro a los restos óseos de los compatriotas muertos en la lucha contra la dictadura es parte no solamente de un proceso de reparación que los paraguayos le debemos a las víctimas y a sus familiares. Debe ser también el compromiso de una sociedad que se opone a los intentos por volver a los años oscuros de la dictadura, que definitivamente es la única que debe permanecer enterrada.
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