Si la ANDE hubiera sido un celoso administrador del bien público y cuidadoso guardián de la seguridad de las personas, nunca hubiera tenido un depósito de transformadores en desuso con aceites tóxicos en medio de la populosa comunidad de Laurelty (San Lorenzo).
El principio de racionalidad establece que la mejor manera de prevenir desastres es ubicarse en áreas alejadas del contacto con las personas. Ya que ese criterio no fue utilizado, la opción era cumplir a rajatabla y en el menor tiempo posible las recomendaciones del organismo ambiental técnico, la Seam, para reducir al mínimo las posibilidades de una tragedia.
La ANDE tenía en su propiedad 20.000 transformadores sacados de circulación. De los mismos, solo fueron peritados el 30 por ciento, es decir 6.000. Entre estos, se comprobó que el 6 por ciento, alrededor de 450, constituyen un peligro real, porque el aceite que contienen sobrepasa los niveles de toxicidad establecidos.
Se puede pensar entonces que entre los 14.000 transformadores que están al aire libre, en el suelo, 1.200 pueden ser potencialmente peligrosos por la sustancia nociva que contienen.
Cuando la ANDE solicitó a la Seam la licencia ambiental, la respuesta fue un sí condicionado a que sacaran de la intemperie los aparatos con un volumen de aceite que excedían los valores normales para estos casos. La institución que administra el servicio de electricidad cumplió solo en parte la recomendación porque únicamente había puesto bajo techo, en un galpón, los 450 que habían formado parte del lote de los 6.000 revisados.
El presidente de la ANDE, Víctor Romero, admitió tácitamente la irresponsabilidad de la institución al indicar que los 14.000 transformadores todavía no fueron sometidos al estudio requerido y al señalar que, como mínimo, para que el derramamiento de aceite entre en combustión necesita un mínimo de 160 grados de calor. Ello implica que el riesgo era real.
Por otro lado, la hipótesis de que el incendio pudo haber sido provocado no atenúa la responsabilidad institucional. Al contrario, incrementa su grado de desidia, porque tuvo que haber tomado todos los recaudos necesarios para que el material tóxico estuviese al menos protegido al máximo contra circunstancias externas que pudiesen provocar un cambio de estado de los componentes químicos de la sustancia puesta en la mira.
Lo que se deduce de las palabras de la máxima autoridad de la ANDE es que esta institución expuso al peligro a la población por no haber tomado los recaudos necesarios para impedir lo que sucedió.
Ante esta situación, es necesario que el Ministerio Público investigue a fondo el hecho, establezca las responsabilidades de las autoridades del ente público y lleve a juicio a los que con su indolencia estuvieron a punto de provocar un desastre.
