El ministro de Educación, Enrique Riera, manifestó en una reciente reunión con estudiantes, docentes y medios de comunicación; con la presencia también de la ministra de Hacienda, Lea Giménez, que nos aferramos al 7% del PIB para la educación como si fuera una “cifra mágica”.
Esta referencia la dio en parte debido a la exigencia de gremios estudiantiles de invertir más en las escuelas y colegios públicos. Pero también lo hizo para defender el incumplimiento del Gobierno actual, de dotar de mayores recursos a la educación.
Ocurre que antes de este encuentro se hizo viral un video en el cual el presidente Horacio Cartes prometió llegar al 6,4% para el año que viene. Oficialmente hoy la inversión sigue estancada en un porcentaje del 3,9%.
Si bien el ministro exageró al hablar sobre la cantidad de obras escolares realizadas durante su gestión, no lo hizo al expresar que si la economía cae bruscamente, poner un tope del 7% puede ser contraproducente, en el sentido de que puede disminuir la inversión.
Incluso, afirmó que el país podría necesitar más que el 7%, y tiene razón. El tema es cuándo y cómo se obtienen estos recursos. Cuándo se pasa del discurso a la acción.
Es cierto que la sola inyección de más recursos no soluciona todos los problemas de la educación. El cómo se invierte cuenta, y mucho.
La cifra mágica no servirá, por ejemplo, si se sigue aumentando la cantidad de supervisiones en todo el país, con dudosos criterios y sin realizar precisamente concursos públicos de oposición.
Tampoco servirá si programas previstos llevan años de retraso como ocurre con varios proyectos en el MEC, que cuentan con una bajísima ejecución en diversas áreas como infraestructura o tecnología.
Hay quienes indican además para qué aumentar el presupuesto o el PIB, si al final casi todo va a parar a salarios. Pues, justamente, es uno de los motivos que justifican más incrementos. En todo caso podrían blindarse los fondos para evitar pagar más sueldos.
Lo que no puede es negarse la necesidad que existe en todas las áreas, como la inclusión, infraestructura, tecnología o educación indígena.
Como expresó la experta chilena en inclusión Pamela Molina, en una visita a nuestro país: “No basta con tener una ley de educación inclusiva si es que no se tienen los recursos para generar los cambios”, como sucede en Paraguay
Una ley vigente en esta materia se aprobó hace dos años, pero casi no tiene presupuesto adicional. Lo mismo pasa con los 19 pueblos indígenas: una normativa está aprobada desde hace 13 años sin el apoyo financiero que necesitan para aplicarla en las más de 500 escuelas nativas del país. En las instituciones educativas faltan libros, baños, muros, agua potable. Todo.