En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “profunda preocupación por los graves hechos de violencia y represión” en el contexto de las protestas en Asunción, e instó al Estado paraguayo a “cumplir con sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos”.
En particular, ese órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por la muerte de Quintana, de 25 años, fallecido “por múltiples disparos de armas de fuego” durante la irrupción de la policía antidisturbios en la sede en Asunción del Partido Liberal, el mayor de la oposición.
“La CIDH insta a Paraguay a promover una rápida investigación por la muerte del joven, que permita establecer si se trató de una ejecución extrajudicial y en consecuencia, aplicar las responsabilidades judiciales correspondientes”, indicó ese organismo encargado de velar por los derechos humanos en el continente.
La Comisión pidió además a Paraguay que adopte “de manera urgente todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y la seguridad, así como los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y de expresión” de todos los paraguayos.
Eso incluye la “obligación de las autoridades” de “tomar medidas operativas para facilitar el derecho a la reunión pacífica”.
“La CIDH recuerda asimismo, que el hecho que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, ‘per se’, violenta toda la protesta ni autoriza a prohibir el derecho a manifestarse en momentos de turbulencia política”, agregó.
La Comisión aseguró haber recogido “información sobre un alto número de manifestantes heridos, entre ellos legisladores opuestos al proyecto de enmienda constitucional, activistas y periodistas, como consecuencia del uso indiscriminado de gases lacrimógenos y balines de goma por parte de la policía”.
El organismo subrayó que “las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales”, porque su uso “es una medida extrema”.
Solo está justificado recurrir a esas armas cuando “las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan su vida e integridad, o la de terceras personas, y nunca para disparar indiscriminadamente a una multitud o grupo de personas en estos contextos”.
Además, la CIDH recordó que “los Estados deben abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones masivas, colectivas o indiscriminadas”.
“Según registros divulgados públicamente, la policía detuvo a más de 200 personas en relación con estos hechos, entre ellos un grupo de adolescentes, quienes posteriormente habrían sido liberados”, señaló la CIDH.
“Respecto de las mujeres detenidas, reportes de prensa indicaron que al ser llevadas a sede policial se les obligaba a desnudarse supuestamente con la intención de determinar si escondían drogas”, añadió.
La Comisión llamó al Estado paraguayo “a iniciar investigaciones sobre los hechos reportados, así como a reforzar todas aquellas acciones que garanticen que las investigaciones iniciadas se realicen de forma diligente e imparcial, y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar”.
