El presidente Horacio Cartes y el ex mandatario Fernando Lugo, entre otros, quieren a toda costa instalar y “legalizar” la figura de la reelección en Paraguay, incluso a costa de una forzosa interpretación de la Constitución Nacional, en este caso con la complicidad de abogados y hasta de la misma Corte Suprema de Justicia, la que podría prestarse al vergonzoso juego.
La Carta Magna rechaza de manera firme esta posibilidad, y lo expresa de manera contundente: “No podrán ser reelectos en ningún caso"; y eso está claro para cualquier ciudadano, excepto para aquellos que apuntan hacia esas rebuscadas e interesadas vueltas de comprensión y significados, siempre viciadas de falta de ética y desmedida ambición de poder.
A esta altura, teniendo como antecedente el rechazo en agosto pasado del proyecto de enmienda por parte del Senado, habilitar a estas personas a la carrera presidencial con el argumento de que la Constitución “solo prohíbe la reelección a presidentes actuales”, como lo afirmó el abogado de Lugo, Marcos Fariña, sería pisotear nuestra Carta Magna. Con ello no haríamos otra cosa que convertirnos en una vulgar República Bananera; ese término peyorativo que designa a un país considerado políticamente inestable y atrasado; uno en donde la institucionalidad no existe.
Llegar a esta situación –o reafirmar las sospechas al respecto– sería más que grave para una nación como la nuestra, que pretende posicionarse en el escenario internacional como seria y confiable. Pero también lo sería para todos los paraguayos y paraguayas que habitamos esta tierra, que en vez de contar con autoridades que promuevan el respeto a las leyes, tengamos unas que las pisoteen descaradamente ellas mismas. ¿Qué consideración puede tener un país que se burla de sus propias leyes? ¿Cómo confiar en una nación cuya Corte Suprema está impunemente sometida a los intereses mezquinos del Poder Ejecutivo?
Un primer paso para comenzar a ganar y merecer respeto, será que el presidente y los ministros de la Corte defiendan el marco legal. No hay otra opción, la reelección no es posible, y Cartes, Lugo y sus respectivos círculos de asesores y demás, deben reconocerlo y aceptarlo, aunque les duela.
Es hora de dar vuelta la página. Y esto no tiene nada que ver con lo que “el pueblo desea” o con aquello de que este o aquel hace o hizo un buen Gobierno. Aquí se trata simplemente de respetar la Constitución y punto. El cumplimiento de la ley no es una posibilidad más, debe ser la única vía. Esta es la sencilla pero gran diferencia entre una nación seria y una que va camino a la decadencia.
