EFE
“Una persona que intencionalmente publique datos falsos, engañosos o ficticios o desinforme con la intención de que los datos sean tratados como auténticos (...), será sujeto de multa de no más de cinco millones de chelines (42.000 euros) y penas de no más de dos años de cárcel”, dice la nueva ley de Ordenadores y Cibercrimen.
Además, una cláusula introducida por el partido gobernante en el Parlamento aumenta a 10 años la pena si la información falsa busca causar caos o violencia.
La ley también permitirá a las autoridades buscar e incautar datos informáticos e interceptarlos a tiempo real, con multas de 42.000 euros y hasta tres años de cárcel para hackers.
El gremio de edición keniano ve esta nueva ley como un intento de coartar la libertad de prensa.
Y para el exdirector ejecutivo de la Asociación de Abogados de Kenia (LSK) Apollo Mboya este cargo de “información falsa” puede ser usado por las autoridades como una forma de censurar a los medios.
La pasada semana, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) pidió al presidente que no promulgase la ley, que ya había sido aprobada en el Parlamento.
“Los legisladores kenianos han aprobado una amplia ley que busca criminalizar la libertad de expresión, con periodistas y blogueros como las primeras víctimas si la ley es promulgada”, explicó entonces la coordinadora para África del CPJ, Angela Quintal.
