Por Carlos Aquino
SAN PEDRO
Varias construcciones de aulas de escuelas de comunidades humildes del distrito de General Resquín están paralizadas y su culminación no sería posible para el inicio de clases del año lectivo 2017.
Esto es a raíz de que el juez en lo Civil y Laboral de San Pedro de Ycuamandyyu, Guillermo Lezcano, decretó el embargo de la cuenta del Municipio de Gral. Resquín para el pago de un monto de dinero que reclama el ex intendente Vidal Britos destituido de su cargo en el periodo 1991-1996.
Britos, tras salir airoso del proceso judicial, entabló una demanda por daños y perjuicios contra el Municipio y la Justicia determinó que se le debía pagar 293 millones de guaraníes. Tras un acuerdo con el actual intendente Baldomero Giménez, el pasado setiembre se le entregó 150 millones de guaraníes y el resto debía ser pagado de la recaudación genuina del ejercicio 2017.
Sin embargo, extrañamente, el juzgado decretó el embargo de la cuenta del Municipio y como la única cuenta que contaba con fondos es la de los recursos del Fonacide deja sin posibilidad al ejecutivo comunal de seguir comprando materiales y pagando al personal de las construcciones que se vienen ejecutando, cuya terminación estaba prevista para febrero. La Ley 1493/2000 modifica varios artículos del Código Civil y dispone la inembargabilidad de bienes municipales.
BAJO ÁRBOLES. El intendente Baldomero Giménez (ANR) lamentó esta situación que lo deja con las manos atadas y, según dijo, los más perjudicados son los niños que si no se culminan las aulas deberán iniciar las clases bajo árboles. “Nos sorprende esta decisión judicial porque nosotros tenemos un acuerdo firmado con el Sr. Britos de ir pagando con los recursos genuinos, la ley prohíbe el embargo de los bienes municipales y más todavía de los recursos provenientes del Fonacide y es por eso que hemos solicitado el levantamiento, porque de lo contrario tenemos que esperar febrero después del receso judicial y eso va impedir que terminemos las 6 aulas”, indicó Giménez.
MOLESTO. En comunicación telefónica con el juez Guillermo Lezcano, ensayó una confusa explicación al negar que haya embargado la cuenta corriente del Municipio, “es una cuestión del oficial de Justicia, él hace su trabajo y yo el mío y si está mal la levantamos, de hecho ya presentaron un pedido de levantamiento. Con respecto a la ley que prohíbe el embargo de un bien municipal, la ley cambia y cambia”, expresó molesto para luego cortar la comunicación.
