“Consideramos de urgente necesidad la atención y defensa de los derechos humanos inherentes al salario del trabajador, atacado ilegalmente a través de la referida normativa, dejando en riesgo las garantías básicas de las familias paraguayas como alimentación, salud, educación, entre otras necesidades”, expresó.
Añadió que el 70% de los trabajadores que conforman Aproande están siendo alcanzados actualmente por el IRP, pero el problema es que el tope del salario para liquidar el tributo irá bajando, mientras que los adelantos de las retenciones irán creciendo. Dijo que no existe garantía de que la retención sea devuelta plenamente a los obreros.
No se tiene mucha seguridad para recurrir al Ministerio del Trabajo, dado que forma parte del Poder Ejecutivo y sus posturas no son claras, precisó López.
Aseguró que viene cumpliendo con el gravamen desde hace tiempo y el procedimiento actual es más asertivo, que el que ahora quiere implementar la SET.
Recordó que el Código Laboral no permite los adelantos o retenciones del salario para pagar impuestos, por lo que una resolución no puede estar por encima de la ley.
UIP CAMBIÓ POSTURA. La semana pasada, y tras reuniones mantenidas con autoridades del Ministerio de Hacienda, la Unión Industrial del Paraguay (UIP) modificó su postura inicial y aseguró que no pondrá impedimentos a las retenciones que pretende aplicar el fisco a los contribuyentes del IRP.
Satisfizo la explicación de que los descuentos sean reembolsados a través de créditos fiscales y efectivo, y que no sean sujetas a retención las remuneraciones por comisiones de venta. Los industriales también pidieron una revisión para que el certificado de no ser contribuyente y la constancia de no retención para los no aportantes tengan validez por un año.
En un primer momento, las asociaciones empresariales habían indicado que los descuentos atentan contra el Código Laboral.
El Ministerio del Trabajo también había expresado sus dudas respecto a la legalidad de estas retenciones. El ministro Guillermo Sosa señaló que todavía no hay un dictamen al respecto, documento que podría salir en estos días.
Hasta ahora, las asociaciones de agentes fiscales y de magistrados judiciales anunciaron que accionarán ante la Corte Suprema de Justicia para que declare inconstitucional la retención de parte de los salarios o ingresos de los contribuyentes del IRP.
DETALLES. Desde el próximo 1 de setiembre, las retenciones de salarios serán del 0,5% para los contribuyentes en relación de dependencia (empleados); 1% para los profesionales independientes; 1% sobre los honorarios percibidos por las sociedades simples y 2% sobre la mitad del reparto de utilidades.
Los trabajadores que tienen un salario mensual de G. 10 millones o más están alcanzadas por el tributo. La liquidación del IRP de este 2017 debe hacerse en marzo del próximo año, según dispuso la SET.
