El abogado Ricardo Gavilán, titular de Sociedades de Gestión Colectiva de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), informó que culmina su tarea de fiscalización de Autores Paraguayos Asociados (APA) en enero próximo, el mismo mes en que concluye la tarea del interventor judicial, Librado Sánchez.
Gavilán especificó que el interventor termina su trabajo en APA el 27 de enero y recordó que cuando Sánchez asumió la titularidad del ente, en el marco del juicio caratulado “Patrick Altamirano y otros, contra APA, sobre nulidad de acto asambleario y eleccionario”, había solicitado una prórroga del plazo de la fiscalización que había iniciado en diciembre de 2015.
“La fiscalización se había ordenado (por seis meses) el 17 de diciembre del año pasado, y comenzamos los trabajos oficialmente el 22 de diciembre”, dijo. Detalló que no pudo continuar su trabajo en la entidad porque los directivos lo declararon persona no grata y se negaron a entregarle documentos.
“Una vez que asume el interventor se abren de vuelta las puertas a la Dinapi, y yo solicito la prórroga (de seis meses) de manera que los plazos de la intervención judicial y la fiscalización de Dinapi sean en conjunto”, explicó Ricardo.
ELECCIONES. Asimismo, afirmó que es difícil que Alcides Roa (presidente de APA suspendido) retome su cargo en la entidad, ya que se encuentra imputado “por un perjuicio patrimonial muy significativo”. Añadió que los autores tienen derecho de elegir quién administra sus derechos, y analizarán la manera de zanjar la situación referente a las autoridades. “En diciembre o enero tendremos la película más clara”, dijo.
En cuanto a las conclusiones que van apareciendo con la fiscalización, recordó las millonarias autoasignaciones a directivos de la entidad por más de G. 124.828.621 anuales. Además, dijo que no encontraron un respaldo documental para la asignación de las regalías por derechos de autor. “Existían autores cuyas músicas no sonaban, y sin embargo estaban cobrando”, detalló.
faltante de 2.500 millones. Añadió que cuando asumió el interventor encontraron hechos aún más graves, como la desaparición de más de 2.500 millones de guaraníes, por los cuales el presidente de APA y el secretario general se encuentran imputados. Por otro lado, dijo que APA no cuenta con documentos contables, por lo que se está haciendo una reconstrucción de la situación financiera y administrativa.
Por su parte, Librado Sánchez, en su informe mensual de agosto, mencionó que el padrón electoral de la entidad fue presentado por las autoridades suspendidas de APA y denunció la existencia de 36 personas que figuran como socios de forma irregular.
No obstante, dijo que la entidad está funcionando y desde el 29 de agosto abona el pago a los autores. “Son G. 1.250 millones a repartirse totalmente. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8.30 a 16.30", comunicó. Actualmente, el interventor judicial y el fiscalizador de la Dinapi analizan el trabajo de los inspectores, de los agentes y sucursales de APA en el interior. “Esto era un verdadero caos administrativo. No se rendían las facturas en tiempo y forma”, remató Gavilán.