El actual intendente de Lambaré, Armado Gómez, fue beneficiado ayer con las medidas alternativas a la prisión preventiva, en la causa donde es investigado por la supuesta estafa a la ganadera Marys Franca Llorens.
El jefe comunal estuvo junto con su abogado Elber Caballero, para la audiencia de imposición de medidas cautelares ante el juez de Garantías, José Agustín Delmás.
También estuvo presente el querellante adhesivo, Guillermo Duarte. El que no se presentó fue el representante del Ministerio Público, Marcelo Conigliaro, que interina a su colega Mercedes Cañiza.
Como condiciones para su libertad, el mismo tiene prohibición de salida del país, de cambio de domicilio, y obligación de presentarse ante el juzgado del 1 al 10 de cada mes.
Igualmente, tiene una caución real sobre un inmueble, por la suma de 998 millones de guaraníes, más la caución personal de su abogado defensor, por la suma de 500 millones de guaraníes.
La querella había requerido aumentar la caución real, teniendo en cuenta que con la ampliación de la imputación, el supuesto perjuicio de la empresa Viradolce SA, era de 145 mil millones de guaraníes.
NEGÓ. El intendente fue consultado por la prensa sobre las razones por las que tardó tanto en presentarse. Alegó que su defensa había solicitado la fijación de la nueva audiencia.
Negó que haya utilizado cheques de la firma denunciante, Viradolce SA, para su campaña proselitista con la que el 15 de noviembre del año pasado le ganó la intendencia de Lambaré a su contrincante Roberto Cárdenas.
Alegó que hubo varios amigos que ayudaron para llevar adelante la campaña.
Con respecto a cuándo iba a declarar, dijo que el juez debía definir para declarar.
Según la imputación, los procesados habrían hecho firmar más de 70 cheques para pagar a los proveedores a la empresaria Marys Franca Llorens, pero los mismos fueron luego desviados a otras cuentas bancarias.
De acuerdo con la imputación, habrían realizado compras diversas. Con respecto al intendente, supuestamente, también usó el dinero para su campaña proselitista.
Entre los imputados, además del intendente, está su esposa, Fabiola Bareiro, a más de Annie Gibbons, suegra del viceministro de Asuntos Políticos, Jorge Turi Cappello.
El abogado Guillermo Duarte, representante de la firma Viradolce SA, dijo que se había presentado una demanda en el fuero Civil y Comercial por más de 140 mil millones por daños y perjuicios en contra del Banco Itaú.
Alegó que la demanda se encuentra en manos del juez Hugo Hernán Morán. Remarcó que el hecho que no hayan sido notificados aún, no quería decir que la demanda no existía. Es más, alega que hubo responsabilidad de la empresa demandada.
