Alcides Manena | Puerto Casado
La situación preocupa a los nativos debido a la falta de información de parte de la empresa encargada de la obra, que había prometido la entrega para el mes de noviembre, mientras que en el proceso ya registran serias falencias estructurales.
Faustino Ramírez, líder de la comunidad, dijo estar muy preocupado, razón por la cual han buscado el apoyo de autoridades del municipio y del departamento, a quienes convocaron días pasados para una reunión con la participación de los beneficiarios de las viviendas, para manifestar el reclamo y la intermediación ante la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) para intervenir la obra.
Los beneficiarios argumentan la falta de información con relación al proceso de construcción, los albañiles que trabajan en la obra son indígenas. Al principio, Panamericana Emprendimientos S.A., encargada de la construcción, iba a capacitar a los nativos para que sean ellos los propios constructores, pero esto jamás ocurrió; en ese momento se notó la primera falta, señaló el líder indígena.
Los representantes de la empresa Panamericana llegaron a la comunidad indígena una sola vez, antes del inicio de la obra, que actualmente está parada por la llovizna que cae, pero de todas formas tiene mucha demora.
En Riacho Mosquito apenas 8 casas fueron levantadas a media altura de las 46 que se tiene previsto construir, algunas quedaron estacionadas con la excavación de pozos para el cimiento y la marcación del terreno.
En la comunidad Boquerón Cué también están en la misma situación, en ese lugar se tienen proyectadas 8 viviendas.
No hay un maestro de obras ni un fiscalizador para dirigir las construcciones que, según se pudo constatar, no están acorde a las especificaciones técnicas necesarias, los mismos beneficiarios vieron cómo se levantaron las paredes, que carecen de varillas.
La obra tiene un costo G. 2.500 millones, según manifiestan los indígenas, el primer desembolso ya se realizó para que se construyan las viviendas, solo esa información tienen, mientras el resto carece de claridad.
El proyecto es solventado por el Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS). En total, 53 viviendas deben construirse los nativos que son beneficiarios y esperan que la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat tome cartas en el asunto y que las construcciones se hagan acorde a las normas de habitabilidad.
Por las obras que están mal construidas piden que sean echadas y que se rehagan porque constituye un riesgo para sus habitantes, ya que existen muchas falencias en la forma que se encaró por la irresponsabilidad de la empresa encargada.
