Hoy se cumplen 5 años de la firma de convenio, que estuvo a cargo del ex titular del Indert, Marciano Barreto Leiva (ya fallecido), durante el Gobierno del ex presidente y actual senador Fernando Lugo.
La denuncia fue presentada el 25 de junio del año 2014 por el actual presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Pastor Cárdenas.
Según refiere la imputación, en el transcurso del año 2011, Barreto Leiva y en uso de sus atribuciones legales, habría decidido suscribir convenios con distintas organizaciones campesinas, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales; de modo a que presenten proyectos en relación al Apoyo a la Agricultura Familiar en Materia de Seguridad Alimentaria, en base al Fondo de Inversiones Rurales Para el Desarrollo Sostenible (Fides).
En ese contexto, la Fundación Nación Guaraní recibió la suma de G. 1.225.000.000; la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas–Conamuri, G. 180.251.000 y la Organización Regional de Concepción OCRC, G. 663.087.725
En tanto, la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios-Anapa firmó el convenio por la suma de G. 1.009.451.891, y finalmente la Mesa Nacional Coordinadora de Organizaciones Campesinas-Mcnoc por G. 1.000.000.000.
La representante del Ministerio Público mencionó que el Indert no expuso fundamentos que avalen y justifiquen la entrega de las sumas de dinero que fueron adjudicadas a las organizaciones, siendo en algunos casos las simples presentaciones de documentos sin el debido control, rendiciones de cuentas manipuladas y en la mayoría de los casos sin la lista de los beneficiados.
Algunos de los proyectos tenía como objetivo entregar los kits de herramientas y maquinarias y de semillas, pero las mismas no fueron entregadas. Además, la fiscala comentó que los proyectos supuestamente carecían de la envergadura técnica, ya que en algunos casos tenían simples listados de insumos con breves explicaciones de uso sin ahondamientos, ni detalles suficientes.
Por otra parte, manifestó que los funcionarios de la mencionada institución se comprometieron a supervisar las acciones realizadas por las diferentes oenegés a través de las instancias pertinentes. No obstante dichas obligaciones no habrían sido realizadas a cabalidad.
Finalmente, indicó que también fueron imputados Sergio Rodas Franco, representante de la firma Alca y una consultora, cuyas facturas aparecen en las rendiciones de cuentas.
