La hipótesis fiscal es que los bancarios actuaron negligentemente y obviaron leyes antilavado y financiamiento de terrorismo. En algunos casos, se presume que permitieron las operaciones a sabiendas de que el dinero remesado al exterior era de origen ilícito y que era parte de un esquema de lavado de dinero.
“Se trata de un hecho que empieza en diciembre del 2011 con una denuncia de producción de documentos no auténticos y vinculaban en ese momento a la casa de cambios Forex (de Ciudad del Este). Se lleva adelante el allanamiento, se obtiene documentación importante y en mayo del 2012 empiezan a llegar algunos reportes de la Seprelad que indicaban que podría haber lavado de dinero”, relató ayer el fiscal general, Javier Díaz Verón, en una conferencia de prensa.
“Encontramos que se estaban realizando operaciones de remisión de dinero a través de empresas de fachada. Las personas afectadas en ese tiempo, Felipe Ramón Duarte y Tai Wu Tung, crearon un esquema a través de empresas de fachada. ¿Qué hacían ellos? Habilitaron cuentas bancarias y remesaron altas sumas de dinero al extranjero bajo la apariencia de que sería para pagos a proveedores”, añadió.
En ese sentido, la Fiscalía aún no determinó cuál sería el origen ilícito del dinero. Los investigadores no descartan que se trate de fondos del narcotráfico, de la piratería o del contrabando.
REMESAS. La imputación fue formulada por los fiscales de Ciudad del Este Juliana Giménez Portillo, Carlos Antonio Giménez Torres y Marcelo García de Zúñiga, quienes solicitaron medidas alternativas a la prisión para los imputados. La causa en contra de los bancarios es por la figura de lavado de dinero.
La fiscala Giménez detalló que el dinero de origen ilícito se blanqueaba a través de remesas desde Ciudad del Este a cuentas bancarias de los siguientes países: Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, Panamá, El Salvador, México, Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Bélgica, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Emiratos Árabes, Dubai, India, República Popular China, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Hong Kong, Macao y Singapur.
Los imputados tienen cargos de ejecutivos y oficiales de cuentas, hasta gerentes de sucursales y oficiales de cumplimiento. Sobre el punto, la fiscala Giménez señaló que, por ley, los oficiales de cumplimiento integran los directorios de entidades bancarias.
Las empresas fantasmas con las cuales operaron los bancos son las siguientes: Manhatan SA, Braex SA, Muñe SA, Strong SA, MH Electrónica SA, American SRL, Nifaplus SA, San Jossue SA y Mart-Gon SA.
“Carmen Noelia Pino Penayo (gerente de sucursal del Banco Regional en la época investigada) se encuentra imputada por asociación criminal y lavado de dinero en carácter doloso, a diferencia de los demás funcionarios que intervienen sus conductas por una negligencia grave, porque se tiene la presunción de que la misma sabía y conocía la actividad realizada por Felipe Ramón Duarte y su esquema (sic)”, manifestó la fiscala.
Aclaración. Juan Carlos López Moreira, jefe de Gabinete del Gobierno, aclaró a ÚH que la firma Strong SA, una de las involucradas, no es la misma en la que él se desempeñó como director titular y que se trata de un caso de homonimia. Dijo que la empresa investigada había sido constituida en Ciudad del Este y que no guarda relación con la actividad a la que se dedicaba la compañía de la que él formó parte en su constitución.