En mi artículo anterior expuse que era imposible observar igualdad en los resultados económicos en una sociedad, incluso en una sociedad desarrollada. Sin embargo, en una sociedad democrática e inclusiva es inaceptable que la desigualdad sea el resultado de diferencias en las oportunidades que puedan tener las personas entre sí por diferentes orígenes sociales, de raza, sexo, discapacidad, etc.
Las políticas públicas deben buscar la igualdad de oportunidades entre todos los miembros de la sociedad y garantizar un mínimo de bienestar para todos posibilitando el acceso a bienes y servicios públicos fundamentales para una vida digna.
En este sentido, la política fiscal es el instrumento más importante que tiene la sociedad para buscar la igualdad de oportunidades. Para este menester, la política fiscal tiene dos componentes fundamentales: la cantidad y la forma de provisión de servicios públicos (la política de gastos e inversión pública) y la forma de financiar los servicios públicos (la política tributaria).
El principal rol del Estado en la sociedad es la provisión de servicios públicos fundamentales como los servicios de seguridad, justicia, educación, salud, etc., en cantidad y calidad adecuadas, y que, a través de ella, cada persona pueda desarrollar su potencial en función a su propia escala de valores y preferencias en la vida.
La decisión fundamental, en países en desarrollo como el Paraguay, es a qué velocidad se irán reduciendo las brechas de acceso y calidad partiendo de una situación de escasez y de baja calidad de los servicios públicos.
La cantidad está relacionada con el tamaño del gasto público, su evolución a través del tiempo y la presión tributaria global para su financiamiento. Esto es importante porque si bien la mayor oferta de servicios públicos tiene impactos positivos en la productividad y el bienestar, la mayor presión tributaria tiene efectos negativos en la inversión y el esfuerzo laboral y es necesario buscar un equilibrio entre ambos para asegurar un crecimiento económico sostenido.
La calidad de los servicios está relacionada con la disponibilidad de capital humano, capital físico, tecnología y su eficiencia en la producción y prestación de los servicios públicos. La estrategia en nuestro país ha sido priorizar la cobertura de los servicios (educación, salud, etc.) focalizados en dar acceso a toda la población, pero con una mala calidad en los servicios prestados. Esto ha generado la emergencia de una oferta privada de mejor calidad orientado a los segmentos más acomodados de la sociedad quienes tienen la capacidad de pagar por estos servicios.
En la política tributaria, la estrategia óptima consiste en asegurar un financiamiento adecuado de los servicios públicos a través de un sistema tributario simple, de pocos impuestos de carácter general, eficiente en términos de recaudación y equitativo con un nivel de progresividad razonable minimizando el impacto negativo en los incentivos a trabajar, ahorrar e invertir.
En términos generales, en nuestro país necesitamos incrementar la oferta de algunos y mejorar la calidad de todos los servicios públicos prestados, principal factor que hoy afecta negativamente la igualdad de oportunidades de nuestros ciudadanos.
Por otro lado, para financiar los mayores costos que implican la mayor oferta como la mejor calidad de servicios, es necesaria una reingeniería que mejore la eficiencia en el uso de los recursos públicos, mejorar la eficiencia en la recaudación reduciendo la informalidad e incrementar gradualmente la presión tributaria mejorando la equidad del sistema tributario, a través de modificaciones del IRP, el Iragro y el Iracis, minimizando los impactos negativos mencionados anteriormente.
Si bien existen amplias investigaciones teóricas y empíricas sobre sus impactos positivos y negativos en la economía y en la sociedad, la política fiscal de un país responde principalmente a la cohesión, los valores compartidos y las prioridades de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, es fundamental un abordaje racional, serio y responsable en su discusión para maximizar sus efectos positivos y minimizar los negativos en la igualdad de oportunidades.
