De la reunión participaron, además de los estudiantes, el rector de la UCA y el fiscal general del Estado, Javier Díaz de Verón, quien fue el mediador. El primer punto acordado fue abandonar la medida de fuerza y el compromiso de no volver a obstruir los accesos de la institución. El rector de la UCA se comprometió a homologar el acuerdo con una resolución del Consejo de Gobierno.
Con la relación a los estudiantes imputados, se decidió que el Consejo de Gobierno acompañe al Ministerio Público para lograr una salida alternativa al procedimiento penal y no volver a presentar denuncia contra más estudiantes.
La firma del acuerdo se cristalizó al final de una incidentada jornada cargada de tensión y enfrentamientos de toda laya. Primero, cuando en horas de la madrugada –cerca de las 5.00– una comitiva de guardias privados irrumpió en la universidad rompiendo con tenazas las cadenas que mantenían sellados el portón principal de la sede central y el Rectorado.
El Dr. César Rufinelli, asesor jurídico del Consejo de Gobierno y encargado de despacho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de UCA, encabezó el grupo de patovicas sin identificación; algunos portaban armas de fuego. Rufinelli, en efecto, se mantuvo atrincherado posterior a esto en el Decanato junto a Miguel Ortiz, secretario privado del rector, y algunos estudiantes de Derecho.
Los choques se agudizaron con el correr de la tarde entre universitarios de Filosofía y los de Derecho. Estos últimos consiguieron forzar la entrada que había sido retomada por los primeros. Golpes, forcejeos e insultos de todo tipo reinaron hasta altas horas de la noche mientras se aguardaba el desenlace del conflicto con la firma del acuerdo con las máximas autoridades.