EFE
La resolución de la Audiencia Nacional (AN) penaliza, como entidad jurídica, al partido encabezado por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, con el pago de 245.492 euros por haberse beneficiado económicamente del conocido como “caso Gürtel”, unos hechos de los que el PP niega haber tenido conocimiento.
“Nadie en la dirección del PP, ni en la actual ni en las anteriores, conoció y menos aún amparó ninguna práctica irregular”, señalaron fuentes gubernamentales tras hacerse pública la sentencia que la formación de Rajoy anunció que recurrirá.
En su resolución, la Audiencia Nacional condenó además, entre otros acusados, al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas a 33 años de prisión; a su esposa, a quince años; y al empresario Francisco Correa, considerado el líder de la red, a 51 años.
También la exministra de Sanidad Ana Mato, que se benefició con regalos, fue sentenciada a pagar 27.857 euros.
El tribunal que juzgó la primera etapa del “caso Gürtel”, la desarrollada entre los años 1999 y 2005, considera al PP responsable a título lucrativo y acreditado que el grupo empresarial de Correa tejió con ese partido “una estructura de colaboración estable” y, simultáneamente, un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional”.
En ese tiempo el Partido Popular estuvo presidido primero por el expresidente del Gobierno español José María Aznar y luego por Rajoy, que sigue al frente de la formación.
El sistema funcionaba con la manipulación de la contratación pública central, regional y local a través de una relación estrecha y continua de Correa con influyentes militantes del partido que han sido juzgados en la causa.
Según el tribunal, formado por tres jueces, parte de los fondos detraídos al erario público por la red de corrupción “sirvieron para directamente pagar gastos electorales o similares del Partido Popular, o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada ‘caja b’”.
En ella, según la sentencia, las partidas “se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas”, como las atribuidas a Luis Bárcenas.
Se hacían constar en esa contabilidad paralela “ingresos y gastos del partido” o en otros casos “cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido”.
Los magistrados matizan que estos últimos aspectos se incluyen en la sentencia "únicamente” para “precisar el contexto” de los hechos enjuiciados, pues la caja b se juzgará en un procedimiento distinto.
No obstante, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, emitió un voto particular para rechazar que se condene al PP.
Hurtado cree que el partido no era conocedor de la corrupción en Majadahonda y Pozuelo (municipios de la provincia de Madrid en los que se centra la primera fase de la trama) porque sus alcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, condenados a 38 años y tres meses y 14 años y cuatro meses respectivamente, actuaron a espaldas del partido, de manera que no se puede probar que se haya lucrado.
El juicio, que empezó a finales de 2016 y duró trece meses, fue ampliamente seguido por los medios españoles y contó con la presencia –como testigos– de destacados políticos, entre ellos el propio Rajoy.
La difundida hoy por la Audiencia Nacional es la primera condena a un partido político como responsable civil en el lucro obtenido por una trama corrupta, ya que, según la sentencia, se produjo “un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado”, en tanto que los actos delictivos de la trama “produjeron beneficios económicos cuantificables al PP”.
La sentencia ha provocado la rápida reacción de los principales partidos políticos, entre ellos la de Ciudadanos (liberales), el principal socio del PP en el Gobierno, cuyo líder, Albert Rivera, advirtió de que se replanteará su apoyo durante el resto de la legislatura.
Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) analizará mañana si presenta un moción de censura contra Rajoy, tal y como le ha solicitado el secretario general de la formación de izquierdas Podemos, Pablo Iglesias.
