29 mar. 2024

Hay nueva promesa de recuperar las tierras malhabidas de la dictadura

La Procuraduría habla ahora de trabajo interinstitucional sobre el documento final de la Comisión de Verdad y Justicia. Se habla de 7 millones de ha. adjudicadas en violación a la legislación agraria.

Compromiso.  Moreno le pone la firma a un plan de trabajo de recuperación de tierras.

Compromiso. Moreno le pone la firma a un plan de trabajo de recuperación de tierras.

El procurador general, Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, afirmó que vienen trabajando un plan interinstitucional para recuperar las tierras malhabidas de la época de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Dijo que la recuperación se basará en el informe que realizó en el 2008 la Comisión Verdad y Justicia.

El documento mencionado indica que unas 7 millones de hectáreas fueron adjudicadas con base en graves violaciones de la legislación agraria.

Moreno manifestó que para el trabajo tendrán la colaboración de la mencionada Comisión y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Se prevé una reunión la semana que viene para establecer un criterio común para encarar el tema y ver las lista de inmuebles recuperables.

“A ese informe le hace falta un acompañamiento jurídico, hay una serie de cuestiones que hay que analizar”, sostuvo, alegando que en este aspecto trabajarán.

Agregó que uno de los grandes problemas con que se enfrenta el Estado es la pérdida de todos los juicios que encara la Procuraduría.

Adelantó que actualmente existen unas 25 demandas que la institución inició y cuyos juicios se perderán este año representando sumas multimillonarias para el Estado.

No quiso adelantar el monto de la pérdida económica que significará esto, pero aclaró que el motivo tiene que ver con que las demandas fueron mal planteadas.

“No queremos empezar demandas y después perder, porque el problema es que la regulación de honorarios se hace sobre el valor real de las tierras”, indicó.

Explicó que un inmueble de 5.000 hectáreas ubicado en Santa Rita (Alto Paraná) vale hoy USD 20 millones, y si el Gobierno pierde la demanda para recuperarlo tiene que pagar USD 2 o 3 millones solo en regulación de honorarios.

“Tengo dos preocupaciones: una, recuperar tierras, y otra, que el remedio no sea peor que la enfermedad”, aclaró.

Dijo que tampoco descarta impulsar una ley especial que contemple cuestiones procesales y de fondo que permitan al Estado ganar las demandas, ya que el Código Civil establece que si un tercero compra el inmueble de buena fe, no se le puede sacar.

“Tenés algunos casos donde los que recibieron las tierras inventaron una sociedad y transfirieron, pero otros que vendieron 26 veces una propiedad. Bueno, esas demandas vamos a perder sí o sí”, sentenció el procurador.

Informe. El informe de la Comisión Verdad y Justicia, en su capítulo IV de Tierras Mal Habidas, presenta el resultado de la investigación sobre la adjudicación de tierra rural y los títulos de propiedad otorgados por organismos estatales responsables de la reforma agraria, desde los años 1954 a 1989 y desde 1989 a 2003.

De las 200.705 adjudicaciones examinadas, 4.241 lotes correspondientes a 3.336 adjudicatarios, que totalizan 7.851.295 hectáreas, han sido hechas con graves irregularidades de la legislación agraria.

Los beneficiarios. Entre los mayores beneficiados de las tierras, el documento de la Comisión de Verdad y Justicia menciona al ex presidente Alfredo Stroessner, al general Andrés Rodríguez, Blas N. Riquelme, Humberto Domínguez Dibb, Julio Domínguez, Conrado Pappalardo, Luis María Zubizarreta, José Alberto Planás y Lucio Vergara.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.