Comentó que los casos contra el Estado son defendidos por 44 procuradores delegados. Esto da como promedio que cada procurador delegado atiende 113 casos.
El proyecto de presupuesto 2017 de la Procuraduría asciende a G. 16.558 millones (USD 3 millones), cifra superior en G. 68 millones a lo asignado este año. Moreno manifestó que tres demandas están relacionadas con los casos de las verificadoras de importación SGS y Bivac (que se perdieron y fueron canceladas) y la otra originada por Gustavo Gramont Berres (que adquirió un préstamo para proyectos privados a nombre del Estado paraguayo), por USD 100 millones, que sigue pendiente de resolución.
Recordó que también existe una demanda de la petrolera venezolana Pdvsa a Petropar. En los casos locales, refirió que hay demandas por daños causados contra el Estado, contratos incumplidos, algunas de las cuales datan de hace 15 años. Entre los citados, recordó la regulación de honorarios contra el Banco Central y por devolución de IVA.
