El presidente de Industriales Gráficos del Paraguay (IGP), Paolo Barchini, manifestó su preocupación por las irregularidades detectadas en la licitación del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para compra de boletines de voto para las próximas elecciones del 2018 por casi G. 10.000 millones. Señaló que los precios adjudicados cuestan el doble de lo pagado en el 2015, que el llamado fue registrado como servicios técnicos, y que solo dos oferentes se presentaron: AGR SA, adjudicada con G. 5.967.900.000, y Servipress con G. 3.978.600.000.
AGR se llevó el 60% de la licitación debiendo proveer un total de 21.701.455 boletines de voto, mientras que Servipress se quedó con el 40%, lo cual implica 14.467.636 boletines. El total de papeletas es de 36.169.091 a un precio unitario de G. 275 (IVA incluido), lo cual duplica el valor de lo gastado en el 2015, donde la empresa Mercurio SA proveyó a G. 124 cada boletín.
Reunión. Barchini señaló que no están para juzgar al TSJE, y por ello es que hace dos semanas solicitan audiencia con el presidente del máximo órgano electoral, Jaime Bestard, para escuchar las explicaciones de lo sucedido, pero el mismo hasta ahora no los recibe, lo cual solo alimentan las sospechas de negociado.
“Queremos una reunión para que nos expliquen por qué la licitación se llama bajo la categoría de servicios técnicos y no servicios de impresión. También llama mucho la atención que sean adjudicadas solo las dos empresas que se presentaron”, manifestó Barchini, quien también dijo que existen otros elementos que les llaman la atención y les preocupan.
Recordó que en el llamado anterior, en el 2015, realizaron quejas sobre las modalidades de los llamados del TSJE para este rubro, como la exigencia de que las empresas están situadas cerca del ente.
“En aquel entonces, los requisitos para la impresión de boletines de votos eran pedidos totalmente excluyentes a la mayoría de las gráficas del país, por no decirte todas a excepción de una. Se revisó eso y se hizo una adenda con la corrección a este punto que decía que la empresa proveedora debía estar en un radio de 10 kilómetros de la Justicia Electoral”, relató.
Dijo que otro punto fue la solicitud de equipos de impresión con características que no son necesarias para la impresión de votos, pero dirigidas hacia una empresa que poseía dichos equipos.
“No presentamos todavía ninguna protesta, estamos esperando reunirnos con ellos (los ministros del TSJE) y esperar una respuesta a esta inquietud, pero si no conseguimos eso esta semana, ya estaríamos presentando un escrito al TSJE con copia a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)”, dijo, señalando que lo que más molesta es el discurso de transparencia del Gobierno que no se cumple en la práctica por estas suspicacias.
