No obstante, sostiene que la enmienda ya no puede volver a tratarse hasta dentro de un año, lo que se estaría cumpliendo el 25 de agosto.
“Es una opción constitucional. Es finalmente una iniciativa popular pero que tiene que pasar indefectiblemente por el Congreso”, indicó.
“Me parece que para que sea objetiva tendrían que excluirse a los funcionarios públicos activos, caso contrario será muy fácil conseguir aquella petición, considerando la cantidad de dependientes públicos en el Estado”, evaluó Giuzzio.
“A pesar del descontento que existe en el sector público es muy fácil presionar con descuentos, descontrataciones, postergaciones o promociones para conseguir el objetivo”, manifestó.
Alegó que de todas formas, aunque se reúna la firma de los 30.000 electores que exige el artículo constitucional, igualmente no puede tratarse sino hasta después de un año de haberse presentado.
Indicó que de cualquier manera la última palabra la tiene el Congreso.
El oficialismo anunció que mantiene viva su esperanza de lograr una enmienda constitucional.
