El proyecto fue presentado a los altos jefes militares y a Defensa. El plan debe pasar luego a manos del Ejecutivo y desde allí al Congreso.
Este proyecto pretende solucionar el problema que afecta a los funcionarios civiles de las FFAA. Pretenden ser incorporados al servicio activo y dejar de depender de la Ley 1626 de la Función Pública.
Consideraron que el funcionario público, al estar sujeto a la ley de la Función Pública, goza del derecho a sindicalizarse y a la realización de huelgas. Remarcaron que la situación se contrapone a la organización de las FFAA.
En el proyecto argumentan que darán una solución al problema de la jubilación que debe prestar servicio por más de 30 años y cumplir los 62 años de edad.
Consideraron que la Caja Fiscal de las FFAA se verá fortalecida económicamente porque al culminar el primer año de aporte correspondiente a los funcionarios incorporados al cuadro de suboficiales sería aproximadamente de 31.000 millones de guaraníes, en concepto de aporte jubilatorio.
El personal incorporado debe cumplir funciones en su lugar habitual de trabajo, a fin de no perjudicar el normal desempeño de las actividades de la institución. Dentro de estas se encuadran aquellos que cumplen funciones en las áreas de la construcción y mantenimiento (albañil, pintor, electricista, plomero, carpintero).
situación actual. La situación actual presupuestaria del funcionariado público dentro de las Fuerzas Armadas refleja que en el Centro Financiero 1 existen 314 funcionarios; mientras que en el Centro Financiero 2 hay 936 funcionarios. En tanto que en el Centro Financiero 3 aparecen 701 empleados. En cuanto al Centro Financiero 4 figuran 183 empleados. Y finalmente en el Centro Financiero 5 existen 936 funcionarios.
Esto genera un gasto de 89.086.573.332 guaraníes. Esto incluye los gastos correspondientes de sueldos, seguro médico, bonificación de grado académico, bonificación de antigüedad en la Función Pública.