Si bien la inversión pública tanto en el área social como en el desarrollo de infraestructura ha venido creciendo sustancialmente en esta última década de bonanza económica, nuestro retraso en dichos campos es tan grande que necesitamos sostener los niveles de gasto e inversión por muchos años aún para disminuir la brecha existente.
Pero claro, en momentos de desaceleración económica las cosas se complican, pues la baja presión impositiva como porcentaje del PIB y la elevada informalidad y evasión terminan limitando la capacidad real del Estado para sostener dichos niveles de gasto e inversión requeridos.
La alta dependencia de nuestra economía del sector agropecuario, que representa alrededor del 40% del PIB en toda su cadena de valor, nos vuelve muy vulnerables ante factores que no se pueden controlar como el clima y los precios de los commodities.
La alta volatilidad resultante hace muy difícil que se puedan mantener ciertos niveles de gastos en el presupuesto público en años malos y eso genera impactos directos en toda la economía, pero particularmente en las clases más necesitadas que sienten con mayor fuerza cuando los recursos públicos escasean.
Por ello, la idea que ha lanzado el Ministerio de Hacienda de analizar la creación de un Fondo Soberano de estabilización es muy pertinente.
En términos muy sencillos, lo que se buscaría es crear un fondo que acumule recursos provenientes de ingresos extraordinarios o de eventuales superávits en momentos de bonanza económica, de manera que el mismo pueda ser utilizado en momentos de mayor contracción de la economía.
De esta manera, se podrán sostener los niveles del gasto público en momentos fiscales complicados, sin necesidad de afectar determinadas partidas presupuestarias muy sensibles para la ciudadanía más necesitada y para el desarrollo del país en general.
Este tipo de instrumentos lo tienen muchos países como Chile, Panamá o Noruega. Los mismos gracias a ciertos recursos estratégicos como el cobre, el canal de Panamá y el petróleo del Mar del Norte respectivamente, han avanzado hacia la creación de importantes fondos soberanos.
La experiencia chilena es particularmente interesante, pues los años de un alto precio internacional del cobre (son líderes mundiales en la producción de este recurso), le generaron un ingreso extraordinario de grandes proporciones para su economía.
Cuando ello ocurre, la tentación de aumentar el gasto público de manera significativa y no siempre ordenada es también grande y las presiones políticas de muchos sectores se hacen sentir.
El tema es que los chilenos decidieron crear esta suerte de reserva estratégica para eventuales años malos en el futuro, que es lo que precisamente ocurrió en los últimos años con la crisis económica a nivel internacional y ahora ya con un precio del cobre sustancialmente menor.
En ese momento se probó la teoría y efectivamente los fondos acumulados durante los buenos años, sirvieron para mantener un nivel adecuado de gasto público sin afectar precisamente a los sectores y las áreas más sensibles como educación, salud y protección social.
Obviamente, la creación de estos fondos merece una discusión profunda, pues nunca resultará sencillo proponer ahorrar cuando las necesidades parecen infinitas.
Ahora bien, cuando pensamos en un recurso estratégico de nuestro país que nos puede generar grandes ingresos extraordinarios, nos enfocamos en la energía y particularmente en Itaipú en el 2023.
En dicho año, la deuda de la Entidad Binacional estará saldada y se deberá negociar de vuelta el Tratado con Brasil, con lo cual se esperan unos ingresos extraordinarios enormes para nuestro país.
Muchas ideas como la mencionada en este artículo empiezan a surgir sobre el destino potencial de dichos recursos extraordinarios y claramente es algo que debemos debatir a nivel nacional y de manera bien amplia y anticipada.
