El ex defensor está procesado por supuesta lesión de confianza, porque habría otorgado nueve indemnizaciones a personas como supuestas víctimas de la dictadura, pero que no lo eran.
Así, según el Ministerio Público, en cinco solicitudes que beneficiaron a nueve personas generó un perjuicio patrimonial para el Estado paraguayo de G. 313.088.000.
En la misma causa, también fue acusado, y con pedido de juicio oral, Victorino González Sarubbi, quien era el encargado del Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos.
Por otro lado, las fiscalas pidieron el sobreseimiento definitivo para Shirley Lucía Cantero Figueredo, ex delegada de la institución, quien emitía los dictámenes que eran favorables, según la investigación fiscal.
PRELIMINAR. Tras la acusación planteada, la jueza de Garantías Rosarito Montanía tuvo por recibido el requerimiento conclusivo por supuesta lesión de confianza.
Igualmente, señaló para el próximo 11 de abril, a las 8.30, la audiencia preliminar para los encausados, en donde analizará la acusación del Ministerio Público.
En la importante diligencia, la magistrada deberá decidir si eleva o no el caso a juicio oral para Páez Monges y González Sarubbi como lo piden las fiscalas de la causa.
Además, deberá decidir si acepta o no el pedido de sobreseer definitivamente a Cantero Figueredo, o, en su caso, le da el trámite de oposición.
En este último caso, será el fiscal general del Estado, o el actual encargado de despacho, el que ratifique o rectifique el pedido de sobreseer a la procesada.
En el caso, la Fiscalía analizó los expedientes de Rubén Antonio, José Cristhian, Carmelo, Lyliana Raquel y Braulio Aníbal Zárate Vera.
Según dice la Fiscalía, otorgó nueve indemnizaciones en los citados expedientes ante la Defensoría del Pueblo, y les pagó como víctimas de la dictadura, sin que lo fueran.
Supuestamente, se falsearon los documentos para que sean beneficiados con los pagos establecidos por ley.