CIUDAD DEL ESTE
En el espacio público la niña Sara Amapola Insfrán Torres (Sarita), de casi 3 años, recibió una descarga eléctrica que segó su vida 17 días después.
Los fiscales Cinthia Leiva y Marcelo Saldívar acusaron por el hecho a la empresaria y médica Carmen Carolina Fernández de Peralta, de 43 años, y los arquitectos Pedro César Duarte Núñez, de 53 años, y Asunción Beatriz Maidana Vega, de 52 años.
Los hechos imputados son homicidio culposo y actividades peligrosas en la construcción, en el requerimiento conclusivo de la investigación penal presentado ante Carlos Vera, juez penal de garantías, quien deberá resolver si eleva el caso a juicio oral. Los fiscales solicitaron que el caso sea juzgado en audiencia pública.
El caso Sarita, así como se conoce, se había registrado el 3 de enero pasado, día en que la niña estaba jugando en la plaza Monseñor Van Aaken, de Ciudad del Este, y recibió una descarga eléctrica de una instalación precaria de energía, que servía para ornamentar el sitio.
El deceso se produjo el 20 de enero, en el Hospital Los Ángeles de la Fundación Tesãi, por edema cerebral difuso por electrocución, de acuerdo al diagnóstico médico.
La investigación determinó que hubo negligencia en las instalaciones eléctricas de la plaza, que había sido sometido a mejoras que fue adjudicada por la Municipalidad de Ciudad del Este a la empresa Lainuz SA, cuya directora es Fernández de Peralta.
Los arquitectos, por su parte, eran directores de Área Urbana y de la División de Obras Municipales de la Comuna de Ciudad del Este y en su carácter avalaron las mejoras que resultaron ser precarias.
La Fiscalía informó que se constató un “grave incumplimiento de las exigencias del cuidado técnico que requieren los sistemas de instalación eléctrica en espacios públicos”. Esto se basa en un informe técnico de funcionarios de la ANDE, que fueron designados por el Ministerio Público como parte de un acto investigativo.
En la misma causa, fue imputado el electricista Jorge Daniel Ramírez Russo, de 45 años, por los mismos hechos delictivos. Con relación a Ramírez Russo la investigación aún no concluyó.
Los abogados Paraguayo Cubas y Jorge Brítez, además del concejal municipal Celso Miranda, alias Kelembu, están procesados por coacción, violación de la ley de garantías de fueros y daño a cosa de interés común, porque escracharon a la fiscala Cinthia Leiva, por no haber imputado a la intendenta Sandra McLeod, en esta causa.