Según la imputación, entre las irregularidades que presumiblemente fueron cometidas durante su gestión de 2010 al 2015 se encontrarían malversación de recursos provenientes del Gobierno central (Fonacide, royalties y recursos propios) consistentes en obras realizadas o inconclusas por las cuales se han abonado la totalidad del monto destinado a ello, como asimismo se realizaron pagos por la compra de complementos nutricionales; sin embargo, estos complementos no fueron entregados a los destinatarios finales, es decir a los niños de las instituciones educativas del distrito.
En consecuencia, existe la presunción de que Brítez, pese a tener una posición de garante y administrador de los bienes patrimoniales, con su accionar habría causado el prejuicio.
La fiscala imputó por lesión de confianza y pidió las medidas alternativas a la prisión.
DETALLES. Ya en el 2014, ediles de la Comuna habían exigido la intervención de la misma, por la presunta malversación de G. 1.000 millones por parte del intendente liberal Catalino Brítez. Los concejales alegaron en esa ocasión una doble facturación en las obras, ya que las construcciones realizadas por el MOPC la facturaban como empresas privadas.
También habían firmado el contrato para almuerzo escolar en noviembre de ese año por G. 127 millones con una duración de 4 meses, 120 días, siendo que en esos meses era periodo de vacaciones para los alumnos.
