Un documento publicado por Telefuturo revela que la fiscal había comunicado ante Díaz Verón las amenazas que recibió por parte de dos abogados defensores de Saguier Blanco, propietario de la firma Electrofácil, imputado por estafa y producción de documentos no auténticos. Sin embargo, el fiscal general no tomó medidas y la denuncia fue cajoneada.
En el texto, Rojas relata la amenaza que recibió de Almada cuando este ingresó a su oficina en compañía de Caballero. “Mirá, doctora (Teresa Sosa), te venimos a comunicar que te denunciamos en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y que vamos a pelear voto a voto para lograr tu destitución, y cuando te destituyan te vamos a hacer la demanda de indemnización y te vamos a sacar hasta la última bicicleta que tengas, así que si tenés una bicicleta, transferí bien nomás ya”, expresa la denuncia.
Este informe data del 7 de septiembre, meses antes de la filtración de los audios, uno de los cuales revela una conversación de Raúl Fernández Lippmann, secretario del JEM, quien comenta a Carmelo Caballero que la fiscala fue hasta la oficina del entonces presidente de la institución, Óscar González Daher, para expresarle su preocupación por este episodio.
Tanto Fernández como Caballero se burlan de Rojas diciendo que González Daher fue todo un “actor de cine” y que le respondió a la fiscala refiriéndole que fue ella quien se extralimitó y que solo debía preocuparse por que “esta gente” no la echara. Este audio coincide con lo expuesto por la agente en su denuncia.
Díaz Verón supo de este hecho pero no se dio curso alguno. El informe acercado al fiscal general especifica que los abogados ingresaron a la oficina de la fiscala el 1 de septiembre y le recriminaron, elevando la voz, que haya solicitado prisión preventiva para Saguier Blanco.
La fiscala declara que, incluso, Caballero le intimida diciéndole que a través de la Policía obtuvo información de sus redes sociales. Además, en la denuncia ante el JEM, se detallan datos de cuando su madre fue atendida en el Instituto de Previsión Social (IPS) hace seis años, por lo que Rojas deduce que los abogados accedieron a la ficha médica de su madre, lo que es ilegal, según señala.
La fiscala fue apartada del caso de estafa de la firma Electrofácil.
Por su parte, el fiscal general se encuentra de vacaciones.
