Por Elías Cabral - Curuguaty
La causa se desprende de un proceso penal caratulado Menno Doerkssen Wiebbe y otros sobre producción de documentos no auténticos, que inicialmente era entendido por el fiscal del Ministerio Público, Alejandrino Rodríguez, con la coadyuda de la agente Lourdes Soto, de Coronel Oviedo.
Los representantes del Ministerio Público investigan una supuesta red de clonación de facturas y talonarios contables, a título de la Sociedad Civil Bergthall.
Los imputados son administradores del Comité asentado en la ciudad de Campo 9, tras las denuncias impulsadas por el abogado Adalberto Soto Narváez en el fuero civil por supuestas irregularidades en la rendición de cuentas del 2015.
El representante legal de los colonos, Víctor Portillo, recusó a la agente fiscal Lourdes Soto por supuesta relación de parentesco entre esta y el representante de la parte denunciante, quienes serían primos.
La recusación contra la fiscal Lourdes Soto, fue presentada en tiempo y forma el pasado viernes 12 de agosto ante el despacho del fiscal adjunto del Área VI de Coronel Oviedo, Augusto Salas, sin que a la fecha fuera aún resuelta dicha recusación, debido al fin de semana y al feriado del lunes 15 de agosto, según expresó Portillo.
Carpeta paralela. Llamativamente, en las últimas horas, aparentemente fue abierta una carpeta fiscal paralela a la principal, donde aparece como denunciante Cristian Ledezma, quien también acusa de ser víctima del sistema de clonación de facturas por parte de la consultora H&E, propiedad del rector de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), Hugo Giménez.
La nueva causa, con una celeridad extraordinaria, fue sorteada en los últimos días, sin que puedan precisarnos la fecha. En esta, aparentemente, cayó asignada la agente Lourdes Soto, quien ordenó en la tarde de este martes, el allanamiento a las oficinas de Giménez.
El mandamiento de allanamiento fue ordenado por el juez penal de Garantías de Coronel Oviedo, Carlos Raúl Zelaya, quien el pasado martes, primer día hábil de la semana, dispuso el procedimiento fiscal-policial, que se inició puntualmente a las 17.00 y concluyó, alrededor de las 20.30.
La fiscala Soto dispuso la incautación de cerca de 50 biblioratos contables pertenecientes a la Sociedad Civil y unas 8 a 9 computadoras. Además, clausuró de manera indefinida el edificio, que quedó con las puertas lacradas.
“Mi recusación es una chicana, Adalberto Soto Narváez entendía en la anterior causa penal, pero sigue en la del fuero. Esta carpeta para la que caí sorteada está firmada por la abogada Ninfa Beatriz Troche, no existe indicios de vinculo del anterior abogado”, evaluó la agente Lourdes Soto.
“Entiendo que la recusación aún no ha sido resuelta por el fiscal adjunto (Augusto Salas), pero ello no es vinculante con el procedimiento ordenado en la fecha”. Al ser consultada si correspondía que la misma diligencie los procedimientos en la “nueva causa”, agregó.
Conforme expresó el representante legal de los colonos denunciados, en fecha 23 de junio del presente año, el ex juez penal de Garantías, Miguel Angel Rojas, ordenó el allanamiento de las oficinas de la Consultora H&E, dentro de una investigación civil por rendición de cuentas de la Sociedad Civil Bergthal.
Dicha orden fue diligenciada por la agente Lourdes Soto, a expensas y sin el conocimiento del fiscal principal, Alejandrino Rodríguez, siendo abogado de los denunciantes el profesional, Adalberto Soto Narváez, primo de la agente fiscal.
“La actuación reprochable de la fiscal es en la apertura de otra carpeta, a sabiendas que en la causa que involucra a los mismos investigados y los mismos hechos, ella está recusada por parentesco”, denunció el abogado Víctor Portillo.
Con anterioridad, la representación legal de los denunciantes del supuesto esquema de producción de documentos de contenido falso y clonación de facturas, con la anuencia de la agente fiscal Lourdes Soto, el día 12 de agosto solicitó la orden de allanamiento ante el juez penal de garantías de Caaguazú, Juan Oviedo, quien denegó la petición planteada, ante la insuficiencia de elementos conducentes para ello, y la apertura o predisposición de los denunciados en colaborar con las investigaciones.
Posterior a esta solicitud y ante la recusación de la agente Lourdes Soto, es que se produce la recusación de la cuestionada agente fiscal por su abierta extralimitación, como fiscal coadyudante del agente Alejandrino Rodríguez; de allí es que se da proceso de manera inusitada y con una celeridad extrema, a la denunciada planteada por Cristian Ledezma, contra los mismos imputados de la causa original y obteniendo Soto la orden de allanamiento a través del juez de Coronel Oviedo, Carlos Raúl Zelaya.
Según el abogado de los imputados, Víctor Portillo, le pareció llamativa la actuación del juez Carlos Zelaya, que teniendo conocimiento de la causa, impugnó el envío de la carpeta del juez de garantías, Juan Oviedo, y remitió a apelaciones. Sin embargo, en la carpeta paralela, para mismos sujetos y causa, otorga el allanamiento.
Finalmente, el abogado Víctor Portillo dijo que la fiscal Soto se extralimitó en el procedimiento al clausurar y lacrar el local, así como también las oficinas de la sociedad civil Bergthal, en Campo 9, donde el mismo día martes, de manera conjunta se desarrolló otro allanamiento con funcionarios y asistentes de la unidad fiscal a cargo de la agente Lourdes Soto, oficinas que posterior al cumplimiento de la orden también fueron clausuradas. La acción de clausura y lacrado de ambos locales no estaba estipulada en el mandamiento judicial.
