EFE. Este domingo se cumple el segundo aniversario del cese de Lugo por parte del Congreso paraguayo, que llevó a Franco a la presidencia y provocó el aislamiento de Paraguay por los países de la región, que lo vieron como una ruptura del orden democrático.
El detonante de ese acontecimiento, la muerte de seis policías y once campesinos en Curuguaty, aun está envuelto en interrogantes.
“Esa pregunta '¿qué pasó en Curuguaty?’ a mí realmente me provoca úlcera porque hay una intención perversa de confundir a la ciudadanía”, dijo Franco en una entrevista con Efe en la sede de su futura fundación.
Esa cuestión se ha convertido en el lema de los campesinos, defensores de los derechos humanos y grupos de izquierda, que exigen que se esclarezca qué ocurrió aquel 15 de junio de 2012.
Franco era entonces vicepresidente, producto de una alianza entre su agrupación, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y el Frente Guasú, del exobispo Lugo.
“Hubo una inacción, una incapacidad tremenda de parte de las autoridades del momento, primero por no reclamar el terreno como suyo”, dijo. Franco no se incluye entre esas “autoridades”, pues mantiene que estaba marginado “de todos los temas y decisiones” del Gobierno.
“Estas personas que permitieron la muerte de 17 van a llevar la sangre hasta el momento de su tumba porque son los responsables criminales de este hecho”, declaró.
Franco recordó que los policías no tenían orden de desalojar a los campesinos, que habían ocupado el terreno para reclamar que formara parte de la reforma agraria, sino de realizar un cateo, para sustraer de manera pacífica las posibles armas que portaran.
“Si yo hubiera sido el presidente no hubiera permitido que se haga el cateo, hubiéramos reclamado el terreno”, manifestó Franco, quien cuestionó “la posesión absolutamente ilegal de la familia Riquelme”, vinculada con el Partido Colorado, en el poder.
Franco mantiene que el enfrentamiento “fue fraguado y preparado”.
Por aquella matanza, trece campesinos enfrentarán cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y diez de ellos también están acusados de intento de homicidio de los policías, en un juicio que comenzará el 26 de junio. No hay imputados por la muerte de los once labriegos.
La defensa denuncia que el proceso ha estado plagado de irregularidades, por lo que pide la suspensión del juicio, mientras que la fiscalía niega esas alegaciones.
Aquel sangriento episodio le costó la presidencia a Lugo, a un año de concluir su mandato, después de que en el Legislativo los liberales de Franco sumaran sus votos a los colorados, que ya habían intentado llevar antes a Lugo a un juicio político.
Franco dijo que “no tenía ningún conocimiento” de que se fuera a producir el juicio y explicó que en ese momento trabajaba para su candidatura para senador.
"¿Cómo una persona va aceptar ser presidente sabiendo que en ese periodo tenía que compartir con el candidato de su partido y compartir 4 meses con el presidente electo? Yo era consciente que me quedaban 6 u 8 meses de gobierno, yo no busqué ese cargo”, dijo.
Aun así, Franco aseveró que si lo hubiera rechazado habría quedado “como un cobarde” que incumplía su juramento como vicepresidente.
El exmandatario lamentó su alianza con Lugo y haberle visto “como un obispo de la Iglesia”. “Pensé que iba a hacer absolutamente todo lo que el sentido común decía, pero me pegué muchas decepciones muy pronto”, admitió.
Franco objetó a su relación cercana con el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, y “su decisión personal de no perseguir al EPP”, en referencia al Ejército del Pueblo Paraguayo, un grupo guerrillero al que se atribuye una treintena muertes, entre otras diferencias, según dijo.
"¿Si yo intenté llegar a la Presidencia de la República? No, en ningún caso”.
