La desaparición de una imponente carga de cocaína en el Amambay ocurrida recientemente, así como los escandalosos casos de involucramiento de autoridades locales en el tráfico de drogas, evidencian hasta qué punto el Estado paraguayo está inficionado por el flagelo de la narcopolítica. Frente a este insidioso fenómeno, la acción opuesta por el Estado ha sido insuficiente, débil y, desafortunadamente, tardía. Es mucho más lo que debe hacerse para convencer a la ciudadanía de que el Gobierno, integrado por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, está librando un verdadero combate contra la criminalidad organizada y sus nefastos tentáculos en el poder.
Por otra parte, las poco contundentes medidas adoptadas hasta el momento no hacen más que evidenciar la endémica debilidad institucional que afecta a nuestro país. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el expediente de un grave caso de tráfico de marihuana haya desaparecido completamente del registro electrónico de la Fiscalía General del Estado? La decisión de la Corte Suprema de Justicia de pesquisar el sugestivo “extravío temporal” del legajo no hace más que poner de manifiesto el pésimo funcionamiento del Ministerio Público –cuando no su abierta complicidad– en lo que respecta a la investigación de personas involucradas en el delito del narcotráfico.
Al mismo tiempo, es de lamentar la vacilante respuesta ofrecida por los partidos políticos –fundamentalmente por los dos tradicionales– a la progresiva y peligrosa infiltración de elementos vinculados con la delincuencia trasnacional en sus filas.
Si no queremos convertir al Paraguay en un Estado fallido, es perentorio que las colectividades políticas nacionales adopten sanciones ejemplares y ejemplarizantes contra aquellos de sus miembros que se han visto implicados en casos de narcotráfico. No bastan sanciones tibias, suspensiones temporales o meras amonestaciones. Deben entender, de una vez por todas, que la ciudadanía asume esta reacción contemporizadora como cómplice con la criminalidad.
En este sentido, no caben excusas ni artilugios legales de ninguna índole. El formalismo constitucional alegado por ciertos órganos del Partido Colorado, por ejemplo, demuestra que esa nucleación carece de la voluntad política necesaria para sanear sus filas, y brindarle a la ciudadanía una oferta electoral mínimamente segura en términos de transparencia y honestidad.
En este momento de desconcierto y estupor ciudadano, lo que corresponde es que las principales autoridades del país, comenzando por las cabezas de los poderes del Estado y los titulares de los partidos políticos, adopten las medidas valientes que se requieren para producir el necesario saneamiento de la actividad política. De lo contrario, el Paraguay seguirá siendo visto en el exterior como un país condescendiente con la mafia. El destino ideal para piratas, narcotraficantes, mercenarios y filibusteros.
