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Sucesos
jueves 10 de agosto de 2017, 02:00

Ex defensor del Pueblo, imputado por el pago irregular de indemnizaciones

Manuel Páez Monges y otros dos ex funcionarios fueron procesados por lesión de confianza, tras denuncia de pagos indebidos a supuestas víctimas de la dictadura. El contralor Enrique García no fue imputado.

El ex defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges, fue imputado ayer por lesión de confianza en calidad de autor. Esto luego de haber sido denunciado por su sucesor por supuestamente autorizar el cobro indebido de indemnizaciones a presuntas víctimas de la dictadura del general Alfredo Stroessner, violando para el efecto disposiciones legales y falseando datos.

También fueron procesados Victorino Andrés González Sarubbi, quien era el encargado del Centro de Documentación y Archivo para la defensa de los derechos humanos –el que debía proporcionar el hábeas data a las víctimas–, y Shirley Lucía Cantero Figueredo, ex delegada de dicha institución, –quien emitía los dictámenes que eran favorables–, según consta en la carpeta fiscal.

Los fiscales Igor Cáceres y Josefina Aghemo además solicitaron las medidas alternativas a la prisión preventiva para los tres encausados.

El hecho data del 2012 y estuvo a un paso de prescribir, debido a que la fiscala Liliana Alcaraz había cajoneado el caso, de acuerdo a lo que comentó el actual defensor del pueblo, Miguel Godoy.

Pero tras un allanamiento realizado en setiembre del año pasado por parte de los actuales agentes fiscales en el organismo, se pudo evitar que muera la causa.

dinero. Según refiere la acusación, Páez Monges aparentemente ha vulnerado el patrimonio que tenía como obligación, ya que hizo lugar al dictamen peticionado por Rubén Antonio Zárate Vera, adulterando documentos para hacer figurar a sus padres, Cipriano Zárate y Aurelia Vera, como víctimas stronistas.

De esta manera, fue indemnizado con 1.000 jornales mínimos legales, bajo la Resolución DP N° 366/12, a pesar de la existencia de memos y dictámenes donde se pedía el rechazo de la indemnización e incluso se le advertía sobre la existencia de documentos adulterados, provenientes del Centro de Documentación y Archivo, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

El Ministerio de Haciencia hizo efectivo el cobro de la suma de G. 63.777.000. Mismo monto cobraron sus hermanos Carmelo Zárate Vera y Braulio Aníbal Zárate Vera. El pago irregular continuó con una hermana más, Lyliana Zárate Vera, para quien desembolsaron G. 57.980.000.

Asimismo, Ramón Almada Dávalos recibió la suma total de G. 81.280.500. Este había acreditado documentaciones falsas para cobrar el dinero.

Los representantes del Ministerio Público argumentaron que la carpeta fiscal consta de 10 expedientes, de los cuales seis de ellos se basan en hábeas data adulterados, tres por pagar a personas que cometieron hechos punibles y que incluso fueron condenados por sentencia judicial y no por cuestiones políticas o ideológicas –como exige la ley–, y finalmente una por indemnizar a un hijo de una víctima de la era stronista que todavía no había nacido cuando su papá sufrió las violaciones, según los datos.


Contralor se salvó de ser procesado por la Fiscalía

El contralor Enrique García, quien en su anterior carácter de procurador general habría sacado dictámenes favorables en contravención a la ley, no fue imputado en la víspera por los agentes fiscales intervinientes.

Los mismos mencionaron que la investigación continúa, por lo que más adelante podría haber una ampliación de la imputación.

ÚH había sacado a la luz hace un mes atrás que García estaba implicado en esta causa. Incluso este diario accedió al dictámen que hizo lugar a la indemnización beneficiando a Carmelo Zárate Vera, pese a que supuestamente este adulteró documentos.

Paéz Monges cuenta con otra denuncia por lesión de confianza, estafa y asociación criminal.