Reuters
“El Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”, dijo el Gobierno central en un comunicado.
El anuncio se produjo minutos después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, amenazó con votar en el Parlamento regional una declaración formal de independencia.
“Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar con la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el 10 de octubre”, dijo Puigdemont.
En una carta enviada a Rajoy a 10 minutos de cumplirse un plazo para que aclarase si se había proclamado o no la independencia y para que restaurase “el orden constitucional alterado”, Puigdemont reconoció implícitamente que no se había declarado formalmente la secesión.
“El Gobierno de España ha constatado a las diez horas de esta mañana (...) la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender el requerimiento (...)”, dijo el comunicado del Gobierno central.
Por su parte, Puigdemont acusó a Rajoy en su misiva de negarse al diálogo y no revertir “la represión”, criticando el reciente ingreso en prisión de los líderes de dos organizaciones sociales independentistas.
“En mi carta del lunes le propuse celebrar una reunión que todavía no ha sido atendida (...) la represión se incrementó”, escribió Puigdemont, recordando que “la decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del Estado”.
“Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no es consciente del problema y que no se quiere hablar”, dijo adelantándose a la respuesta del Gobierno.
El Gobierno central, por su parte, aseguró que las medidas que aprobará el sábado y que deberán posteriormente ser refrendadas en el Senado, estarán consensuadas con distintas formaciones políticas y buscan “proteger el interés general de los españoles y restaurar el orden constitucional”.
