La normativa, que será remitida al Ejecutivo para su promulgación, brinda un plazo de 90 días al Ministerio de Hacienda para elaborar un plan de pago de deuda registrada por parte del Estado con las citadas proveedoras de servicios; en tanto que establece como límite cinco ejercicios fiscales para que las cuentas sean totalmente canceladas.
El senador liberal Ramón Gómez Verlangieri explicó que la Cámara Alta se ratificó con 25 votos para que efectivamente se proceda al corte de la provisión del servicio en cualquier institución, salvo en el caso de los centros asistenciales de salud, al registrarse el no cumplimiento del pago de las facturas mensuales.
Para que se haga efectiva la disposición, se autoriza al Poder Ejecutivo, como medida de excepción, “la compensación de la deuda del Estado por los servicios recibidos con el importe del impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado e impuestos generados por las operaciones comerciales que realicen dichas empresas públicas”, indica el texto legal.
Solo a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Estado paraguayo le adeuda alrededor de 120 millones de dólares, deuda arrastrada desde hace años, al igual que en el caso de Essap y Copaco, cuyos balances se ven deteriorados por estas millonarias deudas impagas por parte de las centenares de oficinas públicas.
Además de estas instituciones, otra que padece la morosidad estatal es el Instituto de Previsión Social, que dejó de percibir 420 millones de dólares en concepto de aporte obrero patronal del Ministerio de Educación y Cultura. El proyecto de una emisión de bonos perpetuos por parte del Tesoro para saldar esta deuda aún permanece en el Congreso, sin ningún avance, desde el anuncio realizado meses atrás, vale decir, durante el Parlamento anterior.
TRANSFERENCIA de dinero. Por otro lado, la ley señala que ni la Copaco ni Essap ni ANDE podrán transferir capital, ceder o realizar préstamos monetarios a otras instituciones del Estado; así como que las utilidades anuales que resulten de cada ejercicio de las mismas deberán ser totalmente reinvertidas en la empresa.
Asimismo, las tres entidades deberán ser auditadas por auditores externos y los respectivos informes deberán ser presentados al Ejecutivo a través de la cartera de Hacienda.
