El marco normativo que garantiza un buen funcionamiento económico es todavía precario en el país. Hay importantes vacíos y normas que no funcionan por su mal diseño inicial.
En el primer caso, es necesario que los parlamentarios evalúen las experiencias exitosas en otros países y la posibilidad de tomar los aprendizajes, para transformarlos en leyes que beneficien a la mayoría. Necesitamos leyes fundamentadas en buena evidencia empírica.
En el segundo caso, es necesario que se analicen las leyes vigentes que no tienen beneficios sustanciales. El país debe conocer las razones del fracaso de las normativas, de manera que las instituciones públicas con competencia, los parlamentarios y la sociedad civil puedan proponer los cambios que se requieran para el cumplimiento de los objetivos y principios deseados. Diariamente la ciudadanía sufre, en algunos casos de manera directa y en otros casos de manera indirecta, las consecuencias de la ausencia de un marco normativo que le beneficie, garantizando bienes y servicios de calidad, y precios competitivos.
La ciudadanía está cansada de recibir malos servicios públicos y privados, comprar bienes sin la suficiente información sobre su contenido o calidad, ver publicidad engañosa, pagar precios no competitivos porque las empresas colusionan o tienen conductas abusivas. Los mecanismos de defensa al consumidor no son ágiles y tienen costo alto. Difícilmente la persona afectada es resarcida en los daños que sufrió.
Otros fenómenos afectan menos a la ciudadanía de manera directa, pero indirectamente posiblemente tengan mayor impacto económico, como la evasión y elusión tributaria, el lavado de dólares, el narcotráfico y los sobrecostos y la corrupción pública. En la mayoría de estos temas no hay regulaciones que defiendan los derechos de la ciudadanía, o si las hay presentan fuertes debilidades. La prensa cotidianamente presenta noticias que dan cuenta de las ineficiencias del marco normativo vigente.
Bastan algunos ejemplos de los últimos meses. Denuncias sobre servicios telefónicos o seguros médicos, abuso en los precios, combustibles y alimentos de mala calidad, maltrato de funcionarios públicos, son algunas quejas ciudadanas en las redes y en la Oficina de Defensa del Consumidor.
A nivel macroeconómico, las denuncias de sobrecostos, de colusión entre empresas proveedoras del Estado, la evasión y elusión tributaria, el lavado de dólares suman millones de guaraníes involucrados en corrupción que afectan a la imagen externa del país, así como a la ciudadanía, porque finalmente todo tiene efecto en la vida diaria de quienes viven en nuestro territorio.
En este momento hay proyectos de ley sobre estos temas en el Congreso. En otros casos es necesario diseñar el proyecto. Los parlamentarios deben tomar los temas que afectan el desarrollo del país y el bienestar de la ciudadanía, y hacer su trabajo.
