Por Samuel Acosta
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El proyecto de ley que crea el Fondo y la Superintendencia de Pensiones, elaborado por el Poder Ejecutivo, tuvo la colaboración técnica del actual superintendente de Seguros del Banco Central del Paraguay (BCP), Bernardo Navarro, quien advirtió que el déficit actuarial de las cajas jubilatorias a nivel país se calcula en un 70% del producto interno bruto (PIB). El déficit actuarial es la deuda que se tiene con los afiliados para el futuro.
Según datos del Banco Mundial, el PIB paraguayo en el 2015 fue de USD 27.620 millones, por lo que este déficit en términos reales rondaría en unos USD 19.334 millones.
“La situación en general es preocupante. Es la plata que hoy deberíamos tener para poder cumplir con los compromisos prometidos. Son cálculos de organismos internacionales y el agujero actuarial es de grandes proporciones”, resaltó Navarro.
Consideró que al no tener Paraguay una entidad supervisora para las cajas, la información está dispersa; entonces, lo que se manejan son indicios basados en estudios de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Resaltó que el Instituto de Previsión Social (IPS) avanzó mucho en sus cálculos actuariales, pero hay otras cajas donde “no sabemos ni siquiera cuál es el tamaño del agujero”.
Por esta razón, instó a que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes, tanto privada como pública, puesto que es urgente contar con un ente regulador para las cajas jubilatorias que operan en el país.
“En sistema de pensiones advertir que habrá problemas dentro de 30 años es decir que algo está muy cerca, porque es difícil corregir el rumbo sobre beneficios ya otorgados. Esto ya pasó con la Caja Bancaria y generó un impacto social importante”, recordó.
A su criterio, no se debe esperar que se desate una nueva crisis para avanzar en un proyecto de ley como el que se está debatiendo actualmente.
“Ni si sale mañana (la ley) este Gobierno no va a tocar esos recursos de los jubilados, porque como mínimo van a tener que pasar dos o tres años para que el regulador tenga la infraestructura, personal capacitado y tecnología para poder aplicar medidas”, recordó.
superintendente. El sector privado ha manifestado su preocupación por los supuestos “superpoderes” que la ley que impulsa el Ejecutivo otorgaría al superintendente de Pensiones; al respecto, Navarro respondió que esperaba esta reacción de parte de las cajas jubilatorias.
“Me parece normal, es un sector que nunca estuvo regulado, supervisado, entonces surge una especie de susto. Mi opinión personal, porque esto surge desde el Ministerio de Trabajo, es que se debe debatir mucho para que se entiendan a cabalidad los párrafos de la ley”, resaltó.
Defendió que el proyecto no incluya a miembros del sector privado en el Consejo Asesor, indicando que estos son estándares de supervisión moderna que exigen organismos internacionales cuando hacen sus análisis sobre un país.
Insistió en el caso de la Caja Bancaria, donde la ley establece la fiscalización a través de la Superintendencia de Seguros. “Lastimosamente, ese objetivo está solo en dos artículos y no hay una herramienta legal que nos permita ejercer”, recalcó.
Por esta razón, el proyecto del Ejecutivo prevé derogar artículos en varias legislaciones referentes a cajas jubilatorias.
