Empresas paraguayas que están consorciadas con multinacionales y que precalificaron para la duplicación de las rutas 2 y 7, afirmaron a ÚH que se requiere de más inversión estatal para que el primer proyecto de Alianza Público Privada (APP) sea viable para las firmas interesadas.
Comentaron que, tal como está ahora, el pliego hace que no puedan “cerrar los números”. Según las estimaciones de la Secretaría Técnica de Planificación, el Estado invertiría hasta alrededor de USD 256 millones para ejecutar la obra. En este sentido, el MOPC debe invertir USD 80 millones para las expropiaciones y luego USD 176 millones a lo largo del contrato (30 años), que es el monto que no se cubrirá con la recaudación de peajes.
Los cálculos del Ministerio prevén que el 64% del proyecto sea autosostenible (se paga con peajes e impuestos que genere la obra), por lo que el 36% restante deberá ser costeado con fondos del Tesoro.
De acuerdo a datos, el monto total del proyecto asciende a USD 754 millones, de los cuales USD 387 millones corresponden a la inversión de la obra misma (que debe financiar totalmente la firma adjudicada), USD 287 millones para mantenimiento y hay que sumarle los USD 80 millones para expropiaciones.
Insuficiente. Para las precalificadas, la participación estatal no es suficiente. “Nuestra visión es que el Estado tenga mayor participación de manera a que disminuya el costo del aporte del sector privado, que hará más viable el proyecto”, dijo Emilio Gill, de la empresa Benito Roggio e Hijos, una de las precalificadas con su par de Argentina.
Aseveró que el jueves no se iban a presentar en la apertura ya que los números “no cierran”, pero que la intención sigue, ahora que el Gobierno se abre al diálogo con las firmas.
“Nosotros estábamos encontrando que no nos cerraba la ecuación económica financiera del proyecto, razón por la cual hemos enviado en varias ocasiones recomendaciones y notas de sugerencia al Ministerio. Ahora el MOPC está abriendo un canal de diálogo que es muy positivo”, agregó.
Continuó: “La cantidad de inversión es muy grande, estamos hablando de más de USD 400 millones, y el costo en este proyecto está topeado en cuanto a las cuotas que va a reconocer el pago del proyecto (aporte estatal). Entonces, al estar topeado no nos cierran los costos financieros y los costos de obras”.
Otro representante de una de las empresas precalificadas, que prefirió el anonimato, mencionó que “la soberbia del MOPC hace que ahora ya se estén quedando sin oferentes”. “Nosotros les dijimos muchas veces que cambien ciertas condiciones, pero no hacen caso, porque supuestamente los extranjeros saben más que los paraguayitos”, refirió la fuente.
En cuanto a los cambios, coincidió en que debe haber una mayor inversión estatal, y que el cobro del peaje debe estar a cargo de la contratista que la ley prevé. Además, resaltó que el MOPC no quiso considerar los equipos (máquinas) de las empresas como capital.
El pasado jueves los consorcios precalificados (ver infografía) debían presentar sus ofertas, pero nadie lo hizo. Por este motivo, se suspendió a última hora el acto, que pasa para el 29 de junio.