Si bien el criterio de Contrataciones Públicas es que los funcionarios con cargos electivos no tienen impedimentos para participar de licitaciones públicas, el conflicto de intereses en el caso de la firma vinculada al vicepresidente es evidente ya que facturó los millonarios montos durante el actual periodo de gobierno.
Se trata de seis licitaciones públicas, cinco de ellas con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), principalmente por trabajos en el sistema de distribución de electricidad. El monto total adjudicado a la firma del líder del movimiento Sumando Colorados fue de G. 11.595.511.800, de los cuales llegó a cobrar G. 8.640 millones (un millón y medio de dólares, al cambio actual).
La firma en cuestión está ubicada sobre la ruta 6, en el distrito de Tomás Romero Pereira, Itapúa. Detrás está ubicada la residencia de Juan Afara. Al lado se encuentra la radio Kokue Poty (97.9 FM) y también la cantera Kokue Poty, ambas empresas también parte del grupo empresarial ligado al vicepresidente.
Esta última empresa –administrada por la esposa de Afara y concejala de Tomás Romero Pereira, Luz Marilda Argüello– también es contratista del Estado: En febrero de este año Kokue Poty de Transporte y Servicios Agrícolas Electromecánicos SRL fue adjudicada por la Municipalidad de Natalio (Itapúa) para la provisión de piedra para pavimento asfáltico. Según la web de Contrataciones Públicas, la firma aún no recibió el pago por la provisión.
Agro Industrial San Juan pertenece a la familia Afara desde 1987, según datos de su constitución, e incluso el influyente político colorado llegó a figurar como el representante legal ante la Dirección de Contrataciones Públicas. En todas las licitaciones en las que la firma llegó a cobrar al Estado, el que apareció como representante es Rubén Darío Argüello, quien anteriormente era un administrador de la empresa.
CONTRATACIONES. La primera licitación ganada por Agro Industrial San Juan, que figura en los registros de la web de la DNCP, es del 2010, cuando Afara aún era gobernador de Itapúa. El segundo contrato fue por vía de excepción en marzo de 2012. Ambas contrataciones fueron con la ANDE, pero en ninguna de ellas la empresa llegó a cobrar, según los datos publicados por el ente regulador de compras del Estado.
A partir de junio de 2012, la firma comenzó a ganar licitaciones y a facturar millonarios montos al Estado. Una de las últimas adjudicaciones de Agro Industrial San Juan fue en octubre de 2014, para la ejecución de trabajos de normalización de líneas de autoayuda media y baja tensión en varios departamentos. Por este contrato, llegó a cobrar G. 3.111.159.782 a la ANDE.
ÚH intentó entrevistar al vicepresidente, pero este derivó todas las preguntas al abogado Miguel Ángel Brítez (ver material adjunto). Al ser consultado sobre las licitaciones públicas ganadas por la firma, Brítez indicó que los actuales dueños son Ricardo y José Yunis Afara y que son parientes del vicepresidente. Ambos son hijos de la hermana del político, Victoria Afara.
En ese sentido, Brítez aseguró que no habría ningún conflicto legal. “Habría que ver el grado, hay una limitación de grado, pero hay que entender que son personas jurídicas, las personas jurídicas no tienen parientes. La SRL es una persona jurídica y no tiene parientes”, expresó.