En los últimos años se han publicado informes de organismos locales e internacionales que muestran una grave falencia en el Paraguay: su alto nivel de empleo informal.
En enero de este año, un estudio elaborado por la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) posicionó a nuestro país en el tercer lugar en Sudamérica, con el registro más alto de mano de obra en negro.
Ayer, un nuevo análisis del Banco Mundial nos reveló que en los últimos 14 años se crearon 178.583 nuevos puestos de trabajo en el sector informal, esto representa el 32% del total de los 550.784 empleos que se crearon.
El reporte afirma que inclusive un gran número de personas, pese a que se emplea en empresas formales, no accede a un seguro médico, ni forma parte de un sistema de pensión.
Los frágiles controles del Estado sobre las empresas se ven reflejados en que el 80% de los trabajadores paraguayos no aportan a una caja jubilatoria.
La situación es peligrosa, pues esta cantidad de mano de obra a mediano-largo plazo obligará a realizar esfuerzos extraordinarios para ampliar la cobertura de subsidios en favor de quienes no posean recursos para una vejez digna.
Hoy, el 25,7% de la población en el sector informal espera que sus hijos lo ayuden económicamente en la vejez, un 14,3% espera recibir alguna pensión del Estado y un 24,8% ni tiene idea de qué vivirá en esa etapa de vida.
El diagnóstico nos muestra que el ritmo de crecimiento del empleo informal en Paraguay es de 1,5% anual y se concentra, principalmente, en el sector de la construcción, el comercio, los servicios y la agricultura familiar.
El ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, reconocía ayer esta realidad, pero se limitó a pasar el desafío de generar políticas públicas que disminuyan las alarmantes cifras al próximo gobierno.
No se pide que la cartera del Trabajo adopte un rol policiaco y salga a intervenir a cuanta empresa esté hoy incumpliendo las normas laborales, pero sí se reclama un rol más protagónico en la protección al trabajador sobre sus derechos básicos legales.
La enorme dificultad que representa acceder a un puesto de trabajo en el mercado se ha convertido en aliado de quienes aprovechan este silencio del trabajador, que debe soportar abusos ante la urgencia de llevar el pan a la casa.
Seguir participando de publicaciones de informes, para luego guardarlos en un cajón, sin tomar decisiones concretas para revertir la situación, convierte a las autoridades en cómplices directos.
No asumir una política fuerte de formalización del empleo es una bomba de tiempo para el futuro del país.
