Por Wilson Ferreira
HERNANDARIAS
En el marco de un juicio laboral por despido injustificado promovido por un grupo de 96 ex funcionarios municipales, se realizó el embargo de bienes de la Municipalidad de Hernandarias hasta cubrir el monto reclamado, que asciende a 2.000 millones de guaraníes, eso sin contar los intereses, por lo que la suma superaría 2.500 millones de guaraníes.
Los afectados fueron despedidos durante la administración municipal anterior a cargo del abogado Mario Castillo, perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Las acciones se iniciaron en el 2011 y recién se está llegando a la instancia de la ejecución de la deuda.
En total fueron realizadas 12 demandas laborales. Y en el marco de estos juicios se realizaron las intimaciones entre el martes y ayer miércoles, y en ese contexto se procedió al embargo de 11 vehículos, como camiones, camionetas, máquinas pesadas y patrullera, que son de dominio de la Municipalidad.
Además fueron embargadas varias fincas, que son inmuebles municipales y que en su mayoría están arrendados. Las fincas están ubicadas en el barrio San Francisco, 1º de Marzo y Mariscal López, cuyos ocupantes pueden ser desalojados. Las acciones fueron promovidas ante el juzgado del magistrado Silvio Rojas, juez de garantías que atiende la causa tras varias inhibiciones en los juzgados laborales.
PROMESA. El abogado Raúl Maizares, representante jurídico de los ex funcionarios, afirmó que llegaron a esta instancia porque las promesas de pago nunca se concretaron. Dijo que están abiertos al diálogo para tratar de destrabar el conflicto.
“A la fecha se cumplieron cinco intimaciones de pago y van a venir sucesivamente las demás, porque todos los juicios llegaron a la sentencia definitiva con ejecución de sentencia. Ahora estamos en el proceso de los embargos ejecutivos y el paso siguiente es el remate”, refirió.
Comentó que el embargo tiene la virtud de precautelar el crédito del acreedor, “entonces nosotros no estamos adoptando ningún tipo de secuestro ni nada parecido, porque en mayor o menor medida estaremos afectando a la Comuna, y todos vivimos en esta ciudad y la queremos, y a pesar del derecho que tenemos lo estamos dejando a la expectativa”.
Explicó que “las sentencias datan de marzo y cuanto más tiempo pasa sin ejecutarse, suman los intereses a pagar”.
El profesional mencionó que desde marzo vienen hablando con las actuales autoridades municipales. Indicó que fueron unas tras otras las promesas y nunca llegaron a nada. Insistió en que no tienen un documento y que solo está la voluntad de palabra de las autoridades municipales, diciendo que se les pagará y que están con problemas presupuestarios.
“Tenemos vehículos, hay maquinarias, patrulleras, después hay una cantidad importante de inmuebles municipales, que están bajo dominio privado municipal, que fueron embargados”, dijo.
