La región compuesta por El Salvador, Guatemala y Honduras es considerada una de las más mortíferas del mundo; solo la tasa de asesinatos salvadoreña fue de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015, por la incidencia de las pandillas y el narcotráfico.
Representantes del gremio periodístico de los tres países aseguraron a Efe que la desprotección que padecen queda en evidencia con los, al menos, 94 asesinatos de periodistas y conexos desde el año 2000, y en los casos de los que se han exiliado por temor a las pandillas.
Para el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Serafín Valencia, “el periodismo es una de las profesiones de mayor riesgo en la región”, lo que se ve incrementado por la carencia de una protección estatal y de protocolos de seguridad dentro de las empresas de comunicación.
Valencia aseguró que “es abundante la cantidad de quejas que tenemos en la asociación de que muchas empresas envían a los reporteros” a zonas donde dominan pandillas contrarias a las que hay donde viven los periodistas.
En El Salvador basta con ser originario de una comunidad bajo el control de la Mara Salvatrucha para ser asesinado en una dominada por el Barrio 18 o viceversa.
Los medios deberían de “capacitar y garantizar ciertas condiciones de seguridad a sus propios trabajadores, pero esto no existe” y “las empresas a veces son las primeras que ponen en vulneración a sus trabajadores”, señaló.
Por otra parte, urgió al Estado a crear “cierto estatus de protección para los periodistas” para que “puedan cumplir sus funciones de fiscalización, denuncia e información a la ciudadanía, para el buen funcionamiento de la democracia”.
Detalló que en los últimos tres años han sido asesinadas al menos nueve “personas vinculadas a los medios de comunicación” y que, pese “mejorías” en las condiciones para investigar crímenes contra comunicadores logradas desde 2009, “todavía existen vacíos” en conocer las razones de los homicidios y a los autores intelectuales.
El 2 de septiembre de 2009, el fotógrafo y documentalista franco-español Christián Poveda fue asesinado en una zona rural próxima a la colonia “La Campanera”, la misma en la que durante 16 meses convivió con pandilleros del Barrio 18, protagonistas de su documental “La vida loca”.
“Si en las mismas empresas no se generan las condiciones de garantía de seguridad y no lo hace el Estado, ¿qué le queda al periodista?”, cuestionó.
Acotó que en lugar de “esperar cuotas de sangre más elevadas”, el gremio, por lo menos en El Salvador, debe tomar medidas de autoprotección como la “mesa de protección a periodistas” creada por la APES y el proyecto de ley en el que trabajan.
Valencia agregó que solo en 2016 al menos cuatro periodistas han huido del país por amenazas de pandillas.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Aliana Alamilla, aseguró a Efe que los efectos de la violencia en su país son más palpables por los comunicadores del área rural que abordan temas relacionados al narcotráfico.
“Uno de los principales que se afronta es la implantación de la censura y autocensura por los nuevos censores de la libertad de expresión, estos depredadores que están encarnados en el crimen organizado y en la narcoactividad”, señaló Alamilla.
Añadió que a esto se suma la “impunidad” en la que están sumergidos los 28 asesinatos de periodistas y otros “trabajadores de medios” desde el año 2000.
A diferencia de El Salvador, Alamilla explicó que existen mecanismos embrionarios de protección como “una instancia que analiza patrones de ataques” y la “Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas”.
Detalló que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, “avaló” en julio pasado la “institucionalización” de un programa de protección impulsado por 16 organizaciones que podría “atenuar los riesgos y evitar que se liberen más peligros para el ejercicio periodístico”.
“La situación de inseguridad es generalizada, pero nosotros estamos más expuestos porque estamos reflejando la realidad, (...) el gremio cada vez está más afectado por la violencia” y “las empresas algo podrían hacer (para proteger a los comunicadores) sin que les cueste mucho dinero”, concluyó.
Carlos Ortíz, presidente de Asociación de Prensa Hondureña (APH) concordó con sus colegas en el planteamiento de que la prensa “está totalmente desprotegida” y advirtió de que no revertir la impunidad en los casos de periodistas asesinados, el Triángulo Norte podría alcanzar los niveles de asesinatos que tiene México.
Datos oficiales de la Fiscalía mexicana dan cuenta de que en ese país fueron asesinados un promedio de 6,8 periodistas por año del 2000 al 2014, y en el Triángulo Norte 5,5 del 2000 al 2016.
El Salvador ocupa el lugar 58 de 180 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Frontera (RSF) de 2016, Guatemala el 121 y Honduras el 137.
Hugo Sánchez
